La Audiencia Provincial ha condenado a un empresario agrícola, de origen rumano y residente en Nava del Rey, por un delito contra los derechos de los trabajadores. El acusado, que regentaba una empresa dedicada a realizar trabajos de campo, ha sido sentenciado a ocho meses de prisión y una multa económica tras no dar de alta a la Seguridad Social a más del 50% de su plantilla, compuesta por al menos 15 personas.
El juicio, que comenzó el pasado 17 de septiembre, concluyó con la absolución de un segundo acusado, quien presuntamente había colaborado con el empresario en tareas de traducción y coordinación. Ambos estaban vinculados a la contratación de trabajadores para la recogida de patatas en una finca en Muriel de Zapardiel (Valladolid) durante agosto de 2021.
Inspección y sanciones
Según información oficial, la investigación se inició tras una visita de la Inspección Provincial de Trabajo el 6 de agosto de 2021, cuando se detectó que ninguno de los trabajadores se encontraba dado de alta en la Seguridad Social. Entre los empleados, de origen senegalés, rumano, hondureño y marroquí, varios se encontraban en situación irregular en España.
Tras la inspección, el empresario dio de alta a cinco trabajadores, pero no pudo evitar la denuncia por empleo irregular. La sentencia subraya que, aunque la actividad laboral solo duró unos días, fue suficiente para cumplir con los criterios del delito establecido en el artículo 311 del Código Penal.
El tribunal consideró al acusado principal como autor directo del delito y le impuso una pena de ocho meses de prisión, además de una multa diaria de 8 euros durante el mismo período. El segundo acusado, que actuaba como traductor y apoyo logístico, fue absuelto al no demostrarse su implicación directa en la gestión de los trabajadores.
