La Guardia Civil de Valladolid ha iniciado una investigación contra 40 personas por presuntos delitos contra la Ordenación del Territorio y Urbanismo en los municipios de Laguna de Duero, Cigales y Melgar de Abajo. Estas personas están acusadas de instalar viviendas móviles, prefabricadas o contenedores en suelos clasificados como «rústico común», violando la normativa urbanística vigente.
La investigación, denominada Operación «MOBILE HOME», comenzó en junio de 2023 con el objetivo de detectar construcciones ilegales en terrenos destinados exclusivamente a usos agrícolas o ganaderos. Durante el proceso, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) centró sus esfuerzos en identificar y localizar viviendas que, camufladas como infraestructuras agrarias, eran en realidad residencias permanentes o temporales.
El «modus operandi» de los investigados consistía en instalar viviendas móviles o prefabricadas en parcelas agrícolas, atentando contra la naturaleza del suelo y vulnerando la normativa urbanística. Según los informes técnicos de los ayuntamientos implicados, los terrenos afectados están clasificados como «rústico de uso principal agrario», lo que impide su uso residencial sin las debidas autorizaciones.
Además, la investigación reveló que las parcelas en cuestión no cumplían con los requisitos mínimos de superficie para obtener autorizaciones destinadas a la construcción de casetas de aperos, que en ningún caso deberían ser utilizadas como viviendas. En muchos casos, junto a estas estructuras se encontraron elementos lúdicos como barbacoas, piscinas y pérgolas, lo que refuerza la sospecha de uso residencial.
Otro hallazgo significativo de la investigación es que el valor de estas parcelas se incrementó considerablemente en las transacciones de compra-venta, en comparación con el precio habitual de terrenos rústicos dedicados a la agricultura.
La operación concluyó con la imputación de 40 personas por realizar obras de construcción no autorizadas en suelo no urbanizable, delito tipificado en el artículo 319 del Código Penal. Las penas previstas para este tipo de infracción incluyen prisión de uno a tres años, multas de doce a veinticuatro meses y, en algunos casos, la demolición de las obras ilegales a cargo de los responsables.
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