Editorial-. La dimisión de Íñigo Errejón, diputado de Sumar y figura destacada en la política española de la última década, ha sacudido la escena pública, dejando al descubierto no solo acusaciones graves de acoso y violencia de género, sino también un telón de fondo que plantea preguntas fundamentales sobre el ejercicio del poder y la ética en las instituciones. Ante los hechos, una vez más, es necesario subrayar la importancia de mantener la presunción de inocencia y la obligación de las instituciones de actuar con transparencia.
Lo que comenzó como un testimonio anónimo, recogido en redes sociales por la periodista Cristina Fallarás, ha escalado en pocos días hasta convertirse en una denuncia formal por acoso sexual presentada por la actriz y presentadora Elisa Mouliaá. Aunque Errejón no menciona la polémica directamente en su carta de dimisión, su salida parece confirmar las sospechas de quienes en Más Madrid y Sumar consideran verosímiles estas acusaciones, desencadenando así su retirada de la política, aunque en todo caso, corresponde a la justicia establecer la verdad de estos hechos.
Sin embargo, el impacto de estas acusaciones trasciende el caso de Errejón y saca a la luz un patrón recurrente en la esfera política, como figuras públicas protegidas, acusaciones minimizadas y un entorno que, con frecuencia, pospone el abordaje de estas cuestiones hasta que estallan en la opinión pública. Esther Palomera y Ana Pardo de Vera, en un programa de RTVE, señalan que «esto se sabía desde hace años en el Congreso», unas declaraciones que dejan entrever una posible cultura de silencio y encubrimiento. La complicidad con la que se ignoran conductas presuntamente inapropiadas, bajo la premisa de mantener una imagen pública pulcra, es algo que, ha diezmado la confianza en el sistema político español en los últimos años.
La dimisión de Errejón es solo el último episodio de una larga lista de políticos que abandonan sus cargos tras verse envueltos en casos escabrosos, que suelen salir a la luz solo cuando la presión pública es ineludible. Sin embargo, la inmediatez de las redes sociales y la pluralidad de medios permiten hoy que estas denuncias se aireen de una forma que antes era impensable. La sociedad exige claridad y responsabilidad a sus líderes, quienes deben responder con honestidad y celeridad a las preguntas planteadas.
Independientemente del resultado que arroje la investigación de la justicia, la política y las instituciones deben reflexionar sobre cómo han manejado hasta ahora las denuncias de acoso y violencia en sus filas. El mero hecho de que existan voces dispuestas a señalar que los rumores de actitudes impropias de un diputado ya eran conocidos «en todos los grupos parlamentarios» sugiere que se ha tolerado demasiadas veces lo intolerable.
Este caso es un nuevo recordatorio de la urgencia de establecer y aplicar mecanismos de vigilancia que aseguren una transparencia real en las instituciones y protejan a quienes alzan la voz para denunciar. La hora de la verdad ha llegado, y aquellos que no sean capaces de cumplir con los estándares de comportamiento que la sociedad exige deben ser desterrados de la vida pública sin contemplaciones y asumir las consecuencias judiciales de sus actos como cualquier ciudadano de a pie y no bajo ese telón ya mencionado.
Izquierda = ruina