Un reciente estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) revela que la transición dual, que agrupa las iniciativas ecológicas y digitales impulsadas por la Unión Europea, está descuidando retos medioambientales críticos como la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua. Los investigadores advierten que estos problemas no están recibiendo la atención necesaria porque no se consideran «retos digitales».
La digitalización eclipsa los problemas ambientales
El análisis de documentos políticos de alto nivel de la UE muestra que, bajo el marco del Pacto Verde Europeo, la gobernanza medioambiental está siendo subordinada a la innovación digital. Según Zora Kovacic, investigadora principal del estudio, «la transición dual está orientada a crear nuevas oportunidades de mercado en el sector digital, dejando en segundo plano los problemas ambientales más urgentes».
Este fenómeno, conocido como «lamp posting», implica que se priorizan problemas que pueden resolverse con herramientas digitales, como la inteligencia artificial o el blockchain, en lugar de abordar cuestiones fundamentales como la degradación del suelo o los cambios en los ciclos naturales.
Una contradicción en la gobernanza
El estudio también destaca que las lógicas de las transiciones digital y ecológica son difíciles de reconciliar. Mientras que la transición ecológica se basa en la imposición de límites al crecimiento para evitar daños irreversibles al medio ambiente, la digitalización opera bajo el principio de que cualquier problema tiene una solución tecnológica. Esta divergencia crea tensiones dentro de las políticas europeas.
Además, los investigadores consideran que la Comisión Europea utiliza la doble transición como un recurso discursivo para generar consenso político, priorizando proyectos que buscan financiación enmarcados en esta dualidad, sin necesariamente resolver los desafíos ecológicos.
Políticas alternativas más inclusivas
El equipo propone como solución evitar enfoques tecnocráticos y fomentar procesos participativos que incluyan tanto a la ciudadanía como a la naturaleza en las decisiones medioambientales. Un ejemplo de esto es el reconocimiento del Mar Menor como persona jurídica, una iniciativa liderada por activistas que muestra cómo las políticas inclusivas pueden proteger el medio ambiente.
Este estudio forma parte del proyecto DEMO, que analiza cómo se están entrelazando las cuestiones ecológicas y digitales, especialmente en sectores como el energético y el agroalimentario en España.
