El Gobierno autonómico solicita la recusación de varios magistrados del Tribunal Constitucional.
La Junta de Castilla y León ha presentado oficialmente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, tras el acuerdo adoptado el pasado 29 de agosto. La interposición de este recurso, llevada a cabo por la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, cuenta con el respaldo del Consejo Consultivo de la comunidad.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha declarado que la Ley de Amnistía otorga privilegios injustificados a personas que han cometido delitos graves, afirmando que «confiamos en que el Tribunal Constitucional admita y estime este recurso». Además, la Junta ha solicitado la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, así como de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, debido a su supuesta cercanía con la materia objeto de deliberación.
Cumplimiento de compromisos y nuevas acciones legales
El Gobierno de Castilla y León, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de los castellanos y leoneses. En línea con este compromiso, la Junta presentó el pasado 25 de julio un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, denunciando la inacción del Gobierno de España por no haber convocado una Conferencia de Presidentes para tratar temas de interés común, como la financiación autonómica, la crisis migratoria y la falta de médicos.
El Alto Tribunal admitió a trámite dicho recurso el 6 de septiembre, lo que refuerza la postura de la Junta en la defensa del principio de igualdad entre ciudadanos de diferentes comunidades autónomas, según lo estipulado en la Constitución.
Posibles acciones futuras
El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha advertido que, si el Gobierno de España materializa un concierto económico con Cataluña, la Junta de Castilla y León interpondrá los recursos judiciales pertinentes. Según Mañueco, dicho concierto vulneraría el derecho a la cohesión territorial y a la solidaridad entre las comunidades autónomas, afectando negativamente a los recursos públicos destinados a servicios esenciales en Castilla y León.
El consejero González Gago ha subrayado que «el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco siempre actuará en defensa de los derechos de los castellanos y leoneses y del respeto al estado de derecho recogido en la Constitución».
