La Junta de Castilla y León ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía por considerar que vulnera al menos 14 artículos de la Constitución Española. Esta acción ha sido autorizada hoy por el Consejo de Gobierno, siguiendo el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Castilla y León. Los letrados de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia serán los encargados de presentar este recurso, que argumenta una quiebra del Estado de Derecho y del principio de igualdad entre los españoles.
Proceso de impugnación y argumentos legales
El recurso de inconstitucionalidad se materializará antes del 11 de septiembre, fecha límite para su interposición. En un extenso documento de más de 20 folios, la Junta de Castilla y León estructura su impugnación en cuatro bloques principales: la legitimación de la comunidad autónoma para impugnar, una crítica jurídica general al uso de la figura de la amnistía, la impugnación de disposiciones específicas de la ley y la exposición de cómo estas disposiciones vulneran la Constitución.
La Junta argumenta que la Ley de Amnistía no tiene cabida en la Constitución Española, ya que esta no contempla la figura de la amnistía ni autoriza al legislador para aprobarla. Asimismo, considera que la ley quiebra el ‘principio de igualdad’ recogido en el artículo 14 de la Constitución, afectando a los derechos de las personas físicas o jurídicas de Castilla y León que residen o trabajan en Cataluña, y que podrían verse perjudicadas por la amnistía de ciertos delitos.
Críticas a la Ley de Amnistía
Entre las críticas a la Ley de Amnistía, la Junta subraya que esta vulnera el ‘estado de derecho’ establecido en el artículo 1.1 de la Constitución, al crear una excepción legal que no está prevista en el texto constitucional y al legislar una medida que podría interpretarse como una reforma constitucional encubierta. También se denuncia que la ley infringe el ‘principio de separación de poderes’ y el ‘principio de jerarquía normativa’, y que supone un ‘fraude de ley’ al autorizar indultos generales prohibidos por la Constitución.
Además, la Junta considera que la ley rompe con el ‘principio de seguridad jurídica’ al no delimitar claramente los delitos objeto de amnistía ni el marco temporal de su aplicación, y que atenta contra la ‘libertad ideológica’ al discriminar entre ciudadanos según su ideología.
Repercusiones a nivel nacional e internacional
La Junta de Castilla y León alerta también de que la Ley de Amnistía vulnera compromisos internacionales adquiridos por España, como los recogidos en las directivas europeas sobre malversación y terrorismo. En este sentido, subraya que la ley deja sin efecto los procesos de cooperación jurídica europea e internacional, afectando a la orden de detención europea y a la autoridad judicial en estos casos.
Ante esta situación, los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León confían en la solidez de sus argumentos para recurrir la Ley de Amnistía y esperan que el Tribunal Constitucional defienda el cumplimiento de la Constitución y el mantenimiento del Estado de Derecho en España.
