La cantidad requerida al Consejo de Ministros asciende a 5.955.480,31 euros, correspondiente a las 3.128 reclamaciones presentadas y asumidas.
El Ayuntamiento de Valladolid presentará una reclamación de responsabilidad patrimonial al Gobierno de España por los daños ocasionados por diversos pronunciamientos judiciales desde 2017 relacionados con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía. La Junta de Gobierno Local aprobó esta medida el pasado 25 de junio.
El concejal de Hacienda, Francisco Blanco, criticó la falta de acción del Ejecutivo central: “Es incomprensible que el Estado siga sin ofrecer soluciones para compensar las mermas económicas sufridas en todos los ayuntamientos españoles”. La cantidad reclamada asciende a 5.955.480,31 euros, vinculada a las 3.128 reclamaciones presentadas y asumidas por el consistorio.
En 2022, además de las devoluciones por la incorrecta regulación del impuesto, se perdió aproximadamente 6 millones de euros en recaudación, sumado al coste de personal para atender, estudiar y resolver las reclamaciones. Blanco explicó que la mala configuración de la ley ha tenido un impacto negativo notable para las arcas municipales, limitando los recursos disponibles para los servicios ciudadanos.
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y diversos ayuntamientos se han solicitado sistemas compensatorios urgentes para garantizar la autonomía financiera de las entidades locales, conforme establece la Constitución. Blanco subrayó: “Las Haciendas locales deben disponer de medios suficientes para desempeñar sus funciones, nutridas de tributos propios y participación en los del Estado y las Comunidades Autónomas (art. 142 de la C.E.)”.
El Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias desde 2017 sobre el impuesto de plusvalía, y la falta de actuación del Gobierno para adaptar el marco legal ha reducido notablemente la capacidad recaudatoria. Se estima que los municipios españoles perderán casi 4.000 millones de euros por estas decisiones, una cifra que debería ser compensada por el Estado.
En mayo, el Ayuntamiento de Valladolid aprobó una moción para reclamar al Gobierno central medidas para compensar las pérdidas derivadas de las sentencias que declararon inconstitucionales ciertos artículos del impuesto. Esta propuesta, respaldada por la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la FEMP, fue aprobada por la Junta de Gobierno de la FEMP el 29 de marzo de 2022.
La falta de respuesta del Gobierno ha llevado al Ayuntamiento de Valladolid a optar por la reclamación patrimonial para mitigar los perjuicios. Desde 2017, el consistorio ha devuelto casi 6 millones de euros a los contribuyentes, y esta cifra seguirá aumentando con nuevas devoluciones. Blanco afirmó: “Esta reclamación de justicia es lo que el Ayuntamiento de Valladolid realizará al Gobierno Central”.
Además, Blanco recordó la necesidad de una nueva ley de financiación para entidades locales, que garantice recursos suficientes para los servicios públicos básicos. “No podemos consentir que solo se discuta la reforma del sistema de financiación autonómica. Nuestra cercanía al ciudadano y nuestras competencias exigen un marco de financiación adecuado y suficiente. No somos el hermano pequeño de las administraciones públicas”, concluyó el concejal de Hacienda.
