Redacción.- La Junta de Castilla y León realiza contactos constantes con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de la Comunidad para propiciar avances en la ordenación territorial, acordes con la vigente ley autonómica, si bien ya se está tramitando una modificación de esta. A las primeras reuniones ya mantenidas en distintas provincias se suman nuevos contactos con presidentes de diputaciones y alcaldes.
El pasado mes de febrero, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior abrió a participación ciudadana el anteproyecto de ley con el que se prevé modificar la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León y continuar con ello su implantación. De un modo más específico, debe recordarse que uno de los objetivos es modificar los espacios territoriales -sobre todo, los rurales-, que deberán reunir una serie de criterios, y que constituirían la referencia espacial y el parámetro básico para efectuar la ordenación territorial en la que deberían converger progresivamente los servicios públicos prestados por la Junta de Castilla y León. Al mismo tiempo, la Junta plantea la constitución efectiva de las mancomunidades de interés general, tanto urbanas como rurales, fruto de la asociación voluntaria de municipios para la gestión común de servicios y obras de interés local.
Una flexibilización mayor para las mancomunidades de interés general urbanas
El pasado mes de agosto, el director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, remitió una carta a todos los alcaldes de localidades de más de 20.000 habitantes de Castilla y León, para anunciarles algunas de las medidas de flexibilización de la actual LORSERGO –Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León- para que se agilice la constitución y puesta en marcha de mancomunidades de interés general.
El vicepresidente Igea y el director general Antonio Calonge han expuesto que las facilidades que ahora propone el Gobierno autonómico presenta una doble vertiente. Por un lado, que una mancomunidad de interés general rural pueda estar encabezada por un municipio del área funcional estable, sin tener por qué quedar bloqueada la iniciativa en el caso de no haber interés manifiesto por parte de aquel de mayor población, si bien su incorporación conllevaría la reconsideración de dicha MIG como urbana y poder acceder así a los beneficios derivados de tal cambio. Y por otro lado, se valora la realización de modificaciones legales para que una mancomunidad de interés general urbano quede conformada por el municipio de mayor población y un porcentaje de los municipios colindantes.