Redacción.-
La Fiscalía ha presentado escrito de conclusiones provisionales ante la
Audiencia Provincial, respecto de D. Rafael Delgado Núñez, Da Begoña
Hernández Muñoz, D. Juan Carlos Sacristán Gómez, D. Salvador Molina Marín,
D. Francisco Armero Gutiérrez, D. Alberto Esgueva Gutiérrez, D. Germán José
Martín Giraldo, D. Angel Román Montes López, D. Luis Antonio Recio García, D.
Francisco Esgueva Gutiérrez, D. Luis Ángel Rodríguez Herrero y D. Carlos
González Maestro
Los hechos objeto de acusación vienen referidos al arrendamiento y posterior
compra de un edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2 de Arroyo de La
Encomienda (Valladolid), y la adquisición de terrenos en el término municipal de
Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa
zona, por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León,
fueron propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de
la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás
Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles
(especialmente URBAN PROYECTA PM3 S.L., y PARQUE EMPRESARIAL DE
PORTILLO S.L.) a través de sociedades de participación pública de la Junta de
Castilla y León , GESTURCAL SA y a partir del año 2008 ADE PARQUES
TECONOLÓGICOS DE CASTILLA Y LEÓN S.A.
En relación al edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2, de Arroyo de La
Encomienda (Valladolid), la actuación de los acusados dio lugar a que la
empresa pública pagara por el inmueble 60.499.800€ cuando su valor no debió
superar los 50.000.000€, aproximadamente, y que hiciera frente al abono de
9.787.472,55€, correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr
a cargo de URBAN PROYECTYA PM3 S.L.
Por lo que atañe a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las
actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un
considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por ADE
PARQUES -sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000€- sino
también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser
dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92€.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de los siguientes delitos:
un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de revelación de
secretos, en concurso con un delito de tráfico de influencias, un delito continuado
de malversación de caudales públicos y un delito continuado de violación de
secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias.
La Fiscalía estima la responsabilidad de los acusados de la siguiente manera:
RAFAEL DELGADO sería responsable de un delito continuado de prevaricación,
un delito continuado de revelación de secretos, en concurso con un delito de
tráfico de influencias y un delito continuado de malversación de caudales
públicos.
BEGOÑA HERNÁNDEZ y JUAN CARLOS SACRISTÁN serían responsables de
un delito continuado de revelación de secretos, en concurso con un delito de
tráfico de influencias y de un delito continuado de malversación de caudales
públicos
SALVADOR MOLINA y FRANCISCO ARMERO serían responsables de un delito
continuado de malversación de caudales públicos
ALBERTO ESGUEVA, GERMÁN JOSÉ MARTÍN, ANGEL ROMÁN MONTES,
LUIS ANTONIO RECIO, FRANCISCO ESGUEVA, LUIS ÁNGEL RODRÍGUEZ,
y CARLOS GONZÁLEZ serían responsables de un delito continuado de violación
de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias
La Fiscalía solicita las penas siguientes para cada uno de los acusados:
A RAFAEL DELGADO, por el delito de prevaricación, NUEVE AÑOS DE
INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO relacionado
con la Administración Autonómica y gestión de empresas públicas; por el delito
continuado de revelación de secretos, TRES AÑOS DE PRISIÓN e
INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO relacionado
con la Administración Autonómica y gestión de empresas públicas durante
CINCO AÑOS; y por el delito continuado de malversación de caudales públicos,
OCHO AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR TIEMPO DE
QUINCE AÑOS.
A BEGOÑA HERNÁNDEZ y JUAN CARLOS SACRISTÁN, por el delito
continuado de revelación de secretos, TRES AÑOS DE PRISIÓN e
INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO relacionado
con la Administración Autonómica y gestión de empresas públicas durante
CINCO AÑOS; y por el delito continuado de malversación de caudales públicos,
OCHO AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR TIEMPO DE
QUINCE AÑOS.
A SALVADOR MOLINA y FRANCISCO ARMERO, por el delito continuado de
malversación de caudales públicos, CUATRO AÑOS DE PRISIÓN E
INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR TIEMPO DE DIEZ AÑOS.
A ALBERTO ESGUEVA, GERMÁN JOSÉ MARTÍN, ANGEL ROMÁN MONTES,
LUIS ANTONIO RECIO, FRANCISCO ESGUEVA, LUIS ÁNGEL RODRÍGUEZ,
y CARLOS GONZÁLEZ, por el continuado de violación de secretos en concurso
con un delito de tráfico de influencias SEIS AÑOS DE PRISIÓN E
INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO
DURANTE LA CONDENA.
De forma, conjunta y solidaria, los acusados indemnizarán a la Administración
Autonómica, en la suma que fue desviada a favor de las mercantiles citadas que,
sin perjuicio de lo que resulte de las pruebas a practicar en el plenario, se fija en
16.138.911,47€, que devengará el correspondiente interés legal.