Redacción.-
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín Juárez, ha manifestado esta mañana en Ávila, durante la inauguración de la XI Feria Agroalimentaria 2019 “Del productor al consumidor”, que organizan el sindicato UGT y la organización profesional agraria UPA, que “es de justicia” que lo que perciben los productores por los alimentos se acerque más a lo que finalmente pagan los consumidores por ellos en los comercios.
También considera que prácticas como la venta a pérdidas son lesivas para los agricultores y ganaderos y para la imagen de sus productos pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impide que se prohíba esta práctica comercial. La venta a pérdidas se trata de la posibilidad de que un distribuidor pueda vender por debajo del precio de adquisición de un producto, “lo cual puede servir para una promoción comercial atractiva, pero no me cabe duda de que perjudica a la reputación del productor y a la economía de nuestros agricultores y ganaderos”.
La Ley de Ordenación del comercio minorista de España prohibía la venta a pérdidas, cosa que obligó a modificar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por este motivo, el Gobierno se vio obligado a legislar en diciembre del pasado año 2018, mediante un Real Decreto en el que se trasponía la sentencia y, “por lo menos se incluía que la venta a pérdidas no podía tener carácter desleal y no podía inducir a error a los consumidores”.
En abril de este año, la Unión Europea aprobó una directiva de prácticas desleales específica para el sector agroalimentario que, según ha dicho Mercedes Martín, “este Gobierno va a incorporar al derecho español. Con esta trasposición de la directiva, habrá ocasión de revisar el conjunto de la Ley de la cadena alimentaria para ver aquellos elementos que puedan ser objeto de mejora, y abordar otros temas, como la venta a pérdidas, pero con el freno de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
“Los agricultores y los ganaderos”, ha dicho Mercedes Martín, “necesitan precios justos. Aunque no podemos olvidar que vivimos en una economía de mercado en la cual los precios se ajustan a la ley de la oferta y la demanda, sabemos que la clave es no solo producir, sino vender a buen precio, especialmente en el sector agroalimentario”.
A la delegada del Gobierno le parece “muy importante concentrar la oferta. Que los productores tengan la capacidad suficiente, a través de organizaciones de productores o de cooperativas, por ejemplo, de conseguir mejorar sus precios gracias a la capacidad de concentrar la oferta. Porque sabemos que la industria tiene una mayor capacidad de influencia”. La intención de la Ley de la cadena alimentaria es proporcionar transparencia y equidad en todos sus eslabones en temas como los contratos escritos o la transparencia en precios de compra y de venta.
COP25 Y BREXIT
Mercedes Martín, dado que nuestro país ha sido el escenario de la cumbre del clima, ha hablado también de los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales a la hora de producir: “En los próximos años van a ser necesarios más alimentos para una mayor población, pero utilizando menos recursos naturales, a través de una agricultura, ganadería y silvicultura sostenibles de cara al futuro. Desde el Gobierno lo estamos impulsando con recursos económicos para grupos de innovación en I+D+i agroalimentario dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural”.
En estos momentos, el gasto en España en I+D+i es del 1,2 por ciento del PIB y el objetivo para los próximos años, según ha expresado el propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, es incrementarlo hasta un 2%, lo que supondrá un notable esfuerzo tanto por parte del sector público como del privado. Además, en el próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la Unión Europea, que actualmente se está discutiendo, está previsto destinar unos 10.000 millones de euros para I+D+i en el sector agroalimentario, de los que España podría disponer de más de 950 millones.
En cuanto al cambio climático objeto de la COP25, para Mercedes Martín, “el sector primario es más la solución que el problema a los efectos del cambio climático, por su capacidad de captura y almacenamiento de las emisiones de CO2. Por eso, la orientación básica de la próxima Política Agrícola Común es la protección del medio ambiente”.
Para ello, más del 40% de los fondos de la PAC van a tener una vinculación directa o indirecta con la mitigación del cambio climático y la preservación del medio ambiente.
Y en cuanto al brexit temprano tras la victoria de Boris Johnson en las elecciones generales del Reino Unido, la representante del Gobierno de España en Castilla y León, ha señalado que “este Gobierno, junto con la Unión Europea, hará todo lo posible para que se haga de manera ordenada, de tal forma que se minimicen los efectos negativos que pueda producirse sobre los mercados”.
FERIA AGROALIMENTARIA
La delegada del Gobierno ha puesto en valor la importancia de las ferias como punto de encuentro. “Cualquier iniciativa en este sentido”, ha dicho, “es positiva y más cuando tienen el éxito de este mercado puesto que se espera que 11.000 personas lo visiten en las nueve horas que estará abierto”.
Igualmente ha destacado “como principal herramienta para frenar la despoblación”, la importancia del sector primario (de la agricultura y de la ganadería) pero también de la transformación de esta materia prima en productos elaborados para “cerrar el ciclo productivo dentro de nuestros ámbitos rurales”.
Además, ha incidido “en la calidad de nuestro productos, los de Castilla y León, como certifican más de 30 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas”.
La XI Feria Agroalimentaria «Del productor al consumidor», reúne en la Cubierta Multiusos de Ávila a 45 puestos con productos artesanos procedentes de seis provincias de Castilla y León, la mayoría de Ávila, con el objetivo fundamental de reivindicar «precios justos». Hay puestos de Valladolid, Palencia, León, Zamora y Salamanca, además de los de la propia provincia abulense.
Bajo el eslogan “Sin productores/as no hay alimentos”, esta iniciativa organizada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y UGT se ha convertido en una cita anual en la que los consumidores se pueden ahorrar una importante cantidad de dinero en el precio de los productos agropecuarios que se ponen a la venta que son, además, de mucha la calidad.
También considera que prácticas como la venta a pérdidas son lesivas para los agricultores y ganaderos y para la imagen de sus productos pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impide que se prohíba esta práctica comercial. La venta a pérdidas se trata de la posibilidad de que un distribuidor pueda vender por debajo del precio de adquisición de un producto, “lo cual puede servir para una promoción comercial atractiva, pero no me cabe duda de que perjudica a la reputación del productor y a la economía de nuestros agricultores y ganaderos”.
La Ley de Ordenación del comercio minorista de España prohibía la venta a pérdidas, cosa que obligó a modificar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por este motivo, el Gobierno se vio obligado a legislar en diciembre del pasado año 2018, mediante un Real Decreto en el que se trasponía la sentencia y, “por lo menos se incluía que la venta a pérdidas no podía tener carácter desleal y no podía inducir a error a los consumidores”.
En abril de este año, la Unión Europea aprobó una directiva de prácticas desleales específica para el sector agroalimentario que, según ha dicho Mercedes Martín, “este Gobierno va a incorporar al derecho español. Con esta trasposición de la directiva, habrá ocasión de revisar el conjunto de la Ley de la cadena alimentaria para ver aquellos elementos que puedan ser objeto de mejora, y abordar otros temas, como la venta a pérdidas, pero con el freno de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
“Los agricultores y los ganaderos”, ha dicho Mercedes Martín, “necesitan precios justos. Aunque no podemos olvidar que vivimos en una economía de mercado en la cual los precios se ajustan a la ley de la oferta y la demanda, sabemos que la clave es no solo producir, sino vender a buen precio, especialmente en el sector agroalimentario”.
A la delegada del Gobierno le parece “muy importante concentrar la oferta. Que los productores tengan la capacidad suficiente, a través de organizaciones de productores o de cooperativas, por ejemplo, de conseguir mejorar sus precios gracias a la capacidad de concentrar la oferta. Porque sabemos que la industria tiene una mayor capacidad de influencia”. La intención de la Ley de la cadena alimentaria es proporcionar transparencia y equidad en todos sus eslabones en temas como los contratos escritos o la transparencia en precios de compra y de venta.
COP25 Y BREXIT
Mercedes Martín, dado que nuestro país ha sido el escenario de la cumbre del clima, ha hablado también de los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales a la hora de producir: “En los próximos años van a ser necesarios más alimentos para una mayor población, pero utilizando menos recursos naturales, a través de una agricultura, ganadería y silvicultura sostenibles de cara al futuro. Desde el Gobierno lo estamos impulsando con recursos económicos para grupos de innovación en I+D+i agroalimentario dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural”.
En estos momentos, el gasto en España en I+D+i es del 1,2 por ciento del PIB y el objetivo para los próximos años, según ha expresado el propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, es incrementarlo hasta un 2%, lo que supondrá un notable esfuerzo tanto por parte del sector público como del privado. Además, en el próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la Unión Europea, que actualmente se está discutiendo, está previsto destinar unos 10.000 millones de euros para I+D+i en el sector agroalimentario, de los que España podría disponer de más de 950 millones.
En cuanto al cambio climático objeto de la COP25, para Mercedes Martín, “el sector primario es más la solución que el problema a los efectos del cambio climático, por su capacidad de captura y almacenamiento de las emisiones de CO2. Por eso, la orientación básica de la próxima Política Agrícola Común es la protección del medio ambiente”.
Para ello, más del 40% de los fondos de la PAC van a tener una vinculación directa o indirecta con la mitigación del cambio climático y la preservación del medio ambiente.
Y en cuanto al brexit temprano tras la victoria de Boris Johnson en las elecciones generales del Reino Unido, la representante del Gobierno de España en Castilla y León, ha señalado que “este Gobierno, junto con la Unión Europea, hará todo lo posible para que se haga de manera ordenada, de tal forma que se minimicen los efectos negativos que pueda producirse sobre los mercados”.
FERIA AGROALIMENTARIA
La delegada del Gobierno ha puesto en valor la importancia de las ferias como punto de encuentro. “Cualquier iniciativa en este sentido”, ha dicho, “es positiva y más cuando tienen el éxito de este mercado puesto que se espera que 11.000 personas lo visiten en las nueve horas que estará abierto”.
Igualmente ha destacado “como principal herramienta para frenar la despoblación”, la importancia del sector primario (de la agricultura y de la ganadería) pero también de la transformación de esta materia prima en productos elaborados para “cerrar el ciclo productivo dentro de nuestros ámbitos rurales”.
Además, ha incidido “en la calidad de nuestro productos, los de Castilla y León, como certifican más de 30 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas”.
La XI Feria Agroalimentaria «Del productor al consumidor», reúne en la Cubierta Multiusos de Ávila a 45 puestos con productos artesanos procedentes de seis provincias de Castilla y León, la mayoría de Ávila, con el objetivo fundamental de reivindicar «precios justos». Hay puestos de Valladolid, Palencia, León, Zamora y Salamanca, además de los de la propia provincia abulense.
Bajo el eslogan “Sin productores/as no hay alimentos”, esta iniciativa organizada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y UGT se ha convertido en una cita anual en la que los consumidores se pueden ahorrar una importante cantidad de dinero en el precio de los productos agropecuarios que se ponen a la venta que son, además, de mucha la calidad.