Nueva ley de Seguridad Ciudadana
Guste o no guste, es innegable que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que ha aprobado en solitario el Partido Popular supone un claro retroceso en los derechos de los ciudadanos, trayendo al recuerdo de quienes conocieron otras épocas las atrocidades que cometían, en nombre de las leyes de seguridad, las llamadas brigadas sociales y los gobiernos que durante casi medio siglo dirigió con mano férrea el innombrable dictador.
La cosa no va en broma, ya que reunirse sin comunicarlo a la autoridad, aunque sea para protestar a las puertas de una comisaría porque se ha detenido a un violador estará penado, como también lo estará participar en un acto que “autorizado” haya sido suspendido, como si el ciudadano debiera saber por inspiración divina la decisión que puede tomar el delegado del Gobierno de turno.
El botellón tampoco se escapa del régimen de sanciones de la nueva ley ni tampoco perturbar el desarrollo de actos autorizados, lo que podría dar pie a sanciones por cruzar una calle para entrar en casa cuando por la misma pasa acto civil o una procesión. Participar en la protesta para impedir un desahucio, que hasta ahora ha sido el único método eficaz para evitar algunos lanzamientos, estará también sancionado, así como tomar fotografías de agentes de la autoridad en manifestaciones legales para evitar su identificación, con lo que en el supuesto caso de que tales agentes sobrepasen los métodos coercitivos al uso para disolver un conflicto quedaría sin castigo al no existir pruebas de su comportamiento ni forma de identificar al transgresor. Negarse a mostrar el carnet de identidad a un agente de la autoridad cuando se encuentre de servicio también estará penado, siendo imposible para el ciudadano discernir si el agente está trabajando o ha terminado su jornada laboral y, sin quitarse el uniforme, se toma un par de copas en un bar y hasta esgrime el arma reglamentaria bajo los efluvios del alcohol para exigir el D.N.I. Y como el Pisuerga pasa por Valladolid, las sanciones no serán dictadas por la autoridad judicial sino que se impondrán por la administrativa, presumiendo la veracidad de la palabra del agente y la eliminación de la presunción de inocencia del ciudadano.
Si a todo esto se añade que las “devoluciones en caliente” de inmigrantes también se incluyen en la ley, saltándose los tratados internaciones, y que hasta la prostitución se prohíbe en ciertas zonas, debiendo ejercerse – siendo ilegal – en las zonas que se indiquen por la autoridad, el Estado de Derecho corre peligro de desaparecer hasta que la nueva ley sea derogada por el próximo gobierno.
La Voz de Medina y Comarca