Editorial

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Fumata blanca
Parece que después de la reunión de la alcaldesa y de la consejera de la Junta de Castilla y León se ha llegado a un principio de acuerdo para que la residencia de mayores que estaba proyectada en nuestra localidad acabe viendo la luz. Y como de partidos políticos se trata, cada uno parece que se ha salido con la suya: por un lado la Junta consigue que el proyecto se modifique y se adapte al programa “En mi casa” que es el que está impulsando la Consejería; y por otro lado la alcaldesa se ha salido con la suya de que el control de la residencia siga siendo municipal y no se “regale” a una empresa privada. Ahora hay que intentar que la modificación del proyecto no repercuta en exceso en el precio de licitación que se adjudicó en su momento.
Qué duda cabe de que las intenciones de la Junta de Castilla y León con el nuevo modelo de atención de la futura residencia, son, por lo menos sobre el papel, que se mejore el entorno de las instalaciones, que se reciba una atención más personalizada y que se establezcan lazos de convivencia. Dicho sistema de gestión parece más sustentado en la hipótesis que en la realidad, pero desde luego que si se consigue será mejor para los futuros residentes.
Por otro lado, la alcaldesa ha rechazado el ofrecimiento de entregarle el proyecto y la gestión a una empresa privada a cambio de un puñado de plazas concertadas, donde el Ayuntamiento no pintaría absolutamente nada en la gestión: si algo tenía claro la primera edil es que tan importante es construir la residencia como el cometido social que debiera de cumplir, que no es otro que el de proporcionar plazas a aquellas personas a las que su pensión no les permita ir a residencias privadas, siendo la institución municipal la que supervise y garantice la calidad del servicio.
Pero dentro de estas negociaciones hay una tercera parte que ha sido fundamental, la Plataforma por la Defensa de la Residencia, que desde su nacimiento se ha convertido en la expresión popular de los ciudadanos y la demostración palpable de que los medinenses nos preocupamos por nuestro futuro. La determinación de este colectivo es la que sin lugar a dudas ha llevado a la consejera a sentarse y alcanzar un principio de acuerdo que, aunque todavía le quedan flecos para materializarse, demuestra que más allá de los intereses políticos no se puede jugar con los sentimientos y la movilización de los ciudadanos de una villa que, desde el inicio con la recogida de firmas y posteriormente solicitando las reuniones, han hecho llegar el mensaje de que no aceptarían más excusas en la dilatación del proyecto. Lo más curioso de la reunión es que como representante del Partido Popular fuera el procurador Crescencio Martín Pascual, la persona que ha votado para que NO se construyera la residencia y que, aún hoy, parece ser que sigue manteniendo en las reuniones de su partido frases como “mientras yo pueda esa residencia no saldrá adelante”.
La Voz de Medina y Comarca