Redacción.- Según el informe que el fiscal dirigió, el 24 de septiembre, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Medina del Campo, las actuaciones del ex alcalde, Crescencio Martín Pascual, en el “Caso de la Rotonda” “desbordan de una manera rotunda el cauce de la mera ilegalidad administrativa y deben tener encaje en el tipo penal de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, así como del 436 del mismo cuerpo legal”, es decir, que se podría enfrentar a penas de prisión de entre 1 y 3 años, así como a hasta diez años de inhabilitación especial para ejercer un empleo o cargo público.
Junto a Martín Pascual, el fiscal señala que los “fundados indicios de criminalidad” que imputa a éste, se darían también en las personas del ex concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez -quien se enfrentaría a las mismas penas que el ex alcalde- y al representante legal de Construcciones Hermanos Sastre, Silicio Sastre, que tendría que afrontar penas de prisión también de 1 a 3 años e “inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a cinco años”, según el artículo 436 del Código Penal.
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