Editorial

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Consenso

Hace ahora un año y medio, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba que la modificación de la Ley Electoral, en lo que afecta a la elección de alcalde, era una posibilidad que él nunca realizaría sin un “amplio consenso”.
Las circunstancias parecen haber cambiado, tras los malos resultados del Partido Popular en las Elecciones Europeas, y ahora desde la sede del PP, posiblemente a instancias de la FAES, el laboratorio de ideas que preside José María Aznar, y desde algunos despachos de Génova 13 se anuncia a bombo y platillo la intención de modificar la Ley Electoral.
Las razones de tal sinrazón, por falta de consenso y a mitad del juego, que son más propias de los partidos políticos iberoamericanos de las repúblicas bananeras que de una formación democrática y europea, parecen encontrarse en el descalabro que podría sufrir el PP en alcaldías tan míticas como Madrid, lo que supondría para la formación de derechas el principio del fin.
No parece de recibo que la lista más votada, si supera en unos puntos a la segunda formación política, sea la que tenga que gobernar, al menos en democracia ya que se cercena la posibilidad de alcanzar consensos.
Si la mayoría es absoluta, gobierne quien debe hacerlo, el partido más votado ya beneficiado por el sistema de adjudicación de escaños de la Ley D’Hont; pero de lo contrario, la posibilidad de conseguir el poder debe ser consensuada y no impuesta, por una razón tan sencilla como el mandato de los propios ciudadanos a través de las urnas, que cuando no otorgan la mayoría absoluta a alguien equivale a dejarle gobernar con limitaciones o a mandarle al ostracismo si se produce una mayoría alternativa.
Además, con el nuevo sistema se cercenaría de forma absoluta la posibilidad de desalojar a cualquier alcalde, al margen de las fechorías que pudiera cometer, de la Alcaldía, lo que equivaldría a poner en desigualdad a la Administración Local con respecto a la Central, en la que la moción de censura seguiría vigente por mandato constitucional.
Si realmente lo que se quiere es democratizar la Administración Local y dar a la misma mayor transparencia, el sistema elegido no parece el más idóneo y, desde luego, parece concebido para eliminar del espectro político a las minorías, incluida la minoría mayoritaria, siempre en manos del segundo partido político del espectro; y todos los controles.
La Voz de Medina y Comarca