Editorial

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Voto secreto
El voto libre, directo y secreto es una de las condiciones “sine qua non” para que exista una democracia. Y tal no es en España una cuestión baladí sino un derecho constitucional de los españoles a la hora de elegir a sus representantes en el Parlamento.
Sin embargo, tal derecho que tienen todos los electores a veces se niega a sus representantes, no porque el mismo no pueda ejercerse por cuestiones legales sino, simple y llanamente, porque los partidos políticos, especialmente cuando se encuentran en el poder, cercenan tal posibilidad a sus propios diputados y senadores en nombre de la llamada “disciplina de voto”, que equivale tanto a tratar a la denominada “mayoría” de los representantes de un pueblo como a un rebaño de pécoras, como a decir que las odiadas y odiosas cúpulas partidistas desconfían de sus diputados de a pie.
Tal forma de proceder convierte a los representantes de todo un pueblo, gobierne o no el partido en cuyas candidaturas concurrieron a las elecciones, en súbditos de una aristocracia partidista, que obedece más a razones externas y a lobbys que a dictados tan sagrados como los de la propia conciencia.
Ese es el caso en el que pronto o tarde se verán sumidos los parlamentarios españoles con motivo de las votaciones de la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ahora llamada “Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”, por obra del ministro Gallardón, con anuencia y gracia del titular de la presidencia del gabinete, don Mariano Rajoy Brey.
Ambos, presidente y ministro, parecen haber olvidado que el apoyo individual a  dicha reforma o su rechazo invaden el terreno de la conciencia de quienes han de votar, al no permitir el voto secreto de los diputados e imponer sus criterios morales y religiosos, tan dignos, respetables y éticamente correctos como los de quienes no estén de acuerdo con la reforma legal.
Pero no, parece que en nombre de la conciencia de algunos se pretende manipular las de otros que, aún estando en contra del aborto, no ven razones objetivas para impedir que terceros lo practiquen o no.
Pase lo que pase, que ya es sabido, no estaría de más ver los resultados que el voto secreto traería consigo, entre los cuales se encontrarían dos beneficios clarísimos: el derecho inalienable a decidir sobre un tema de conciencia y una profundización de la democracia.
La Voz de Medina y Comarca