Residencia
Casi dos lustros hablando de la Residencia de Mayores de Medina del Campo, desde aquellos años en los que la Diputación Provincial de Valladolid y la Junta de Castilla y León suscribieron un convenio para la creación de instalaciones geriátricas mancomunadas, alternándose anualmente ambas instituciones en la financiación de las mismas. A la residencia de Medina le tocó en suerte, como financiadora, la Junta de Castilla y León.
Ahora, de nuevo, un nuevo jarro de agua fría se ha vertido sobre la villa, al negar la institución regional la financiación de la futura residencia, a pesar de que la misma ha estado ya contemplada en los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León; y a pesar también de que en su día se suscribiera un convenio en el que Administración Regional y Ayuntamiento se comprometían a consignar presupuestariamente las cantidades adecuadas para llevar a buen término la citada residencia.
En todo este proceso se produjeron hechos insólitos, entre los que figuraron dobles facturas de encargos de anteproyectos, la redacción de un proyecto definitivo que podría no llevarse nunca a efecto e, incluso, la licitación de las obras y la renuncia a las mismas de dos empresas adjudicatarias, al verse incluidas en un Concurso de Acreedores. Ahora, cuando todo parecía resuelto falla la financiación, por parte de la Junta, al no haber incorporado las cantidades comprometidas en otros ejercicios presupuestarios en las previsiones de gasto del presente año.
No estaría de más preguntarse a dónde se han destinado esos recursos que le correspondían a Medina del Campo e, incluso, si no ha existido una mano negra para la eliminación de tales cuantías en los presupuestos anuales.
Y es que, hablando de Presupuestos, Medina del Campo, que sí contempló en los suyos la financiación que le correspondía, podría verse abocada a tener que satisfacer unos gastos, además de los ya satisfechos, como consecuencia de la no ejecución de las obras de la residencia. Y es que no hay que olvidar que la actual adjudicataria de las obras no tardará en reclamar, por vía judicial, la lesión que la no ejecución de las mismas le ha acarreado.
Así las cosas, el Ayuntamiento, si no quiere asumir gastos que él no generó, se verá obligado a buscar la subsidiariedad de los mismos en la institución regional que cercenó la financiación. Podría ser un tema de 200.000 euros y nunca una residencia no construida ocasionó tales gastos por meras cuestiones políticas.
La Voz de Medina y Comarca