Recortes encubiertos
Que la Sanidad y la Educación en España están siendo objeto de recortes por parte del Gobierno y de las Comunidades Autónomas es algo sabido, con lo que se puede estar o no de acuerdo, ya que la libertad de pensamiento es el único reducto al que nunca podrán llegar los gobernantes, siempre y cuando no se exteriorice.
Pero entre los recortes reconocidos en los presupuestos de las Administraciones y el deterioro encubierto de Derechos Universales existe una línea roja que en ningún modo puede traspasarse.
Que los funcionarios de la Sanidad Pública, de la que nos ocupamos hoy, han sufrido recortes en sus emolumentos, éste o el año anterior, es evidente; y que deben trabajar a mayores alguna hora al habérseles aumentado la jornada laboral, irrefutable. Que los denominados medicamentos genéricos se imponen es síntoma de racionalidad; y que el copago -“repago”- de los mismos ya llega parece también inevitable, aunque puede ser discutible ya que si no existen recursos para financiar la Sanidad Pública tampoco debería haberlos para “salvar” los intereses del accionariado de alguna entidad bancaria, en lenguas en éstos días, ya que quien juega en cualquier negocio, bancario o no, sabe de antemano que lo hace a su riesgo y ventura. Caso distinto es el de los impositores o ahorradores, cuyo capital, hasta 100.000 euros, está asegurado por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Pero para colmo de males, de todo esto a los ardides y aranas que algunas Administraciones utilizan, en principio, para ahorrar, va un abismo.
Sirva de ejemplo la práctica ya habitual de proceder a cierres de plantas hospitalarias con el pretexto de pintar las habitaciones de la misma, lo que se traduce en la “utilización” del personal de la misma en otras, ahorrándose las contrataciones eventuales para vacaciones y bajas, además de la “reutilización” de los profesionales en otras plantas para el cuidado de enfermos con dolencias en las que no están especializados.
Lo mismo podría decirse de la práctica de forzar a los especialistas que se encuentran de guardia a ayudar a sus colegas en trabajos de cirugía programada, con lo que las listas de espera bajan, naturalmente en detrimento de la calidad del servicio y, ahora que preocupa tanto la economía, de la amortización de las inversiones realizadas en quirófanos que, en más de una ocasión, se cierran sin más.
“¿Qui prodest?” ¿A quién beneficia esto? Desde luego ni al paciente ni al facultativo sino a determinadas clínicas concertadas o, por qué no decirlo, a las intenciones de privatizar la Sanidad Pública.
LA VOZ DE MEDINA Y COMARCA