Comisión especial de investigación
El Ayuntamiento de Medina del Campo decidió crear en el último Pleno del pasado año una “Comisión Informativa Especial” -nomenclatura contemplada en el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de los Ayuntamientos (ROF) para las comisiones de investigación locales – a fin de que, de forma paralela a las pesquisas que se realizan por parte de los procedimientos abiertos, se esclarezca de una vez por todas y se sepa qué ocurrió realmente con los controvertidos temas de “la rotonda” de la carretera de Olmedo y el del “Anteproyecto de la Residencia de Mayores”.
Al margen de las responsabilidades que en su día puedan establecer las sentencias judiciales, en este caso la Audiencia Provincial ya que Medina del Campo ha cerrado varios de estos asuntos y han sido reabiertos en periodo de apelación, es innegable que el Ayuntamiento que un día presidió Crescencio Martín Pascual, y presumiblemente por órdenes de éste, “bobeó” con los papeles para hacer creer a todo el mundo que la rotonda de la carretera de Olmedo estaba en fase de licitación, cuando en realidad ya estaba terminada.
Tal es así que la mesa de contratación, que de forma anómala no presidió el titular de Urbanismo, Javier Rodríguez, optó por suspender la apertura de los sobres con las propuestas de las empresas que concurrieron, al entender que la obra ya estaba ejecutada.
Al parecer, los sobres con las propuestas podrían haberse traspapelado en el tránsito de poderes de una Corporación a otra.
Todo el proceso licitador se vio envuelto en contradicciones escritas y entrecruzadas entre los técnicos que aseguraban que las obras avanzaban a gran ritmo y misivas del que fuera alcalde de Medina preguntando sobre el estado de las mismas, cuando en puridad le podría constar tal estado con el simple hecho de haber echado una ojeada por una zona que frecuenta con asiduidad.
La doble factura del anteproyecto de la residencia no tiene nombre jurídico para calificarse. Y si lo tiene, que sean los juzgados los que lo apliquen, ya que un proyecto apareció por arte de birlibirloque, sin nadie pedirlo, aunque sus autores reclamaron el importe. El alcalde y otros más negaron siempre su existencia y, un buen día, Martín Pascual procedió a firmar el mandamiento de pago para satisfacer las demandas de la empresa que lo redactó. ¿Qué relación tenía con ella? ¿Por qué obedeció a los dictados de alguien a quien no se le ha encargado un trabajo y se le paga? Él, su conciencia y, quizás un día, los juzgados e incluso la comisión informativa especial, pueden saberlo.
LA VOZ DE MEDINA Y COMARCA