J. S. / E. G. .- Tal y como dijo el concejal socialista, Fernando Sánchez Pastor, el 26 de noviembre del pasado año, fecha en la que afirmó haber “pillado” al equipo de Gobierno de Medina del Campo en una presunta irregularidad en la adjudicación de la obra de la rotonda de la carretera de Olmedo (C-112), el martes presentó en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid una “denuncia penal con carácter urgente” en la que solicita “la intervención de dicho expediente de contratación”, a la par que suplica a dicha instancia que “se tome declaración en concepto de imputados” a varios personajes de la vida pública y empresarial.
Se trata del alcalde de la villa, Crescencio Martín Pascual; del concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez Herranz; del director de dicha obra, Julián Alonso Chillón; y del entonces inspector de obras municipal, Enrique Gómez Rioja, a los que se suman los representantes legales de la empresa Enricar y Hermanos Sastre, como consecuencia de haber ejecutado aquélla la obra aludida y ser ésta la que ha emitido la correspondiente factura.
Queda pendiente la situación de la arquitecto municipal, Rocío Hernando Posadas, cuyo nombre figura en la denuncia penal, aunque el mismo no aparece en las peticiones de declaración de la misma.
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