Medina deberá pagar dos veces el proyecto de la Residencia de la Tercera Edad
Arquitectura Base Europa (ABE), de Ciudad Real, reclama 36.951 euros al erario municipal. La empresa beneficiaria, la sevillana UNIA, obtuvo el contrato por 78.793,99 euros. El Ayuntamiento utilizó los planos encargados al reclamante equipo alcarreño como base de la convocatoria del concurso. A modo de “alcaldada”, los documentos se “colgaron” en la Web oficial y ahorraron trabajo a todos los licitadores. ABE no autorizó la operación de “corta y pega” y exige sus honorarios.
Redacción.- ¿Qué razones motivaron el encargo de un proyecto básico y de ejecución para la Residencia de Mayores a la empresa “Arquitectura Base Europa”, de Ciudad Real, por parte del Ayuntamiento medinense?, ¿quién fue el responsable de dicho encargo?, ¿qué razones políticas, administrativas o de cualquier otra índole llevaron a eliminar del mapa a mitad de camino a dicha empresa?, y, ¿por qué los medinenses tendrán que pagar dos proyectos para un mismo fin? Estas son algunas de las cuestiones que se plantean los ciudadanos, tras el editorial de este semanario “Anteproyecto y proyecto, anverso y reverso”, de 28 de noviembre del pasado año, en el que se apuntaba la existencia de dos facturas diferentes originadas por el proyecto mencionado.
Efectivamente, tras adjudicar el Ayuntamiento el proyecto de Residencia para Mayores a la empresa sevillana “Unia” -en realidad un grupo de cinco arquitectos con nombre y apellidos, según el acuerdo Plenario de 26 de octubre de 2009-, por un importe de 78.793,99 euros, aparece ahora una factura de la empresa alcarreña “Arquitectura Base Europa SLP” (ABE), fechada el 12 de agosto de 2009, en la que reclama al Ayuntamiento 36.951,80 euros como autora.
Pero la cosa no termina ahí, ya que uno de los responsables de dicha empresa asegura en uno de los documentos que ha remitido al Ayuntamiento de Medina, en este caso fechado el 14 de agosto de 2009, que “poseo un acta notarial que recoge la utilización por parte del Ayuntamiento de los trabajos por mí realizados, siendo éstos facilitados sin mi permiso a todos aquellos profesionales que consultaron en aquellas fechas la Web municipal o se personaron en las oficinas del Ayuntamiento”. Tras la aparición en Internet de dichos planos y la consiguiente recepción en el Consistorio de un documento remitido por ABE, los diseños desaparecieron de la Web, no habiendo conseguido saber, a pesar de las gestiones realizadas, quién dio la orden para proceder a tal supresión.
Además, la empresa alcarreña asegura que, como consecuencia de la aparición de sus planos en la Web municipal, “se reserva el derecho para emitir la correspondiente factura a ese Ayuntamiento por la elaboración de los trabajos contratados”. De todo ello se deduce que existieron compromisos con la empresa alcarreña, encaminados a desembocar en la redacción definitiva del proyecto y posible construcción, por parte de ésta, de la citada residencia.
Fuentes de Urbanismo aseguraron a este respecto que en dicho departamento “no existe constancia de ningún encargo realizado a ABE y que de existir la factura de un proyecto base, presumiblemente encargado desde otro área para evitar desviaciones a mayores en los precios de los licitadores aspirantes a la adjudicación del contrato, la misma no sobrepasaría los ocho o doce mil euros”. De todo ello se desprende que, de no ser Urbanismo quien realizó el encargo, existen indicios racionales de que las gestiones del mismo pudieron hacerse desde la Alcaldía, bien personalmente por parte de su titular, a través de una “alcaldada”, o del staff de confianza, como si de un coto particular se tratase, siempre de forma irregular por una cuestión de competencias y formas.
La sucesión de hechos y sus correspondientes datas apuntan a una presunta manipulación de los datos existentes en el Ayuntamiento.
Y es que en el acuerdo Plenario en el que se adjudicó el proyecto a UNIA se asegura que, realizadas las consultas con la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León -Administración cofinanciadora con la Diputación y el Ayuntamiento de la Residencia- “puede considerarse viable el proyecto”. Si bien el proyecto se modificó tres días antes de su aprobación, según se desprende del informe de la arquitecto municipal, incluido en el acuerdo Plenario que afirma que el mismo “incluye correcciones con fecha de registro de entrada 23 de octubre de 2009”, prescribiendo además, entre otras cosas, que el “proyectista debe adjuntar el estudio geotécnico firmado por los técnicos” que lo elaboren. Es decir, aún se desconocía la solidez del suelo sobre el que se va a construir la futura Residencia para Mayores de 3.372,05 metros cuadrados en dos plantas y se modificó el proyecto sobre la marcha.
Si a ello se añade que en la web de UNIA se anuncia la adjudicación a su favor de dicho proyecto con fecha 6 de agosto de 2009 -el Plenario que lo aprobó se celebró el 26 de octubre de 2009-, parece presumible la existencia de irregularidades administrativas que plantean varios temas a dilucidar: ¿se cometieron posibles anomalías o “amiguismos” inducidos desde la Alcaldía?, ¿quien y cómo abonará la factura a la empresa alcarreña?, ¿planteará ABE, si no cobra, un procedimiento judicial que paralice la construcción de la Residencia?, ¿dimitirá el regidor por su responsabilidad en el tema? y, de forma especial, ¿cómo se justificará ante la Secretaría General y la Intervención del Ayuntamiento el gasto generado y el consiguiente pago de la factura a la alcarreña Arquitectura Base Europa?
Arquitectura Base Europa (ABE), de Ciudad Real, reclama 36.951 euros al erario municipal. La empresa beneficiaria, la sevillana UNIA, obtuvo el contrato por 78.793,99 euros. El Ayuntamiento utilizó los planos encargados al reclamante equipo alcarreño como base de la convocatoria del concurso. A modo de “alcaldada”, los documentos se “colgaron” en la Web oficial y ahorraron trabajo a todos los licitadores. ABE no autorizó la operación de “corta y pega” y exige sus honorarios.
Redacción.- ¿Qué razones motivaron el encargo de un proyecto básico y de ejecución para la Residencia de Mayores a la empresa “Arquitectura Base Europa”, de Ciudad Real, por parte del Ayuntamiento medinense?, ¿quién fue el responsable de dicho encargo?, ¿qué razones políticas, administrativas o de cualquier otra índole llevaron a eliminar del mapa a mitad de camino a dicha empresa?, y, ¿por qué los medinenses tendrán que pagar dos proyectos para un mismo fin? Estas son algunas de las cuestiones que se plantean los ciudadanos, tras el editorial de este semanario “Anteproyecto y proyecto, anverso y reverso”, de 28 de noviembre del pasado año, en el que se apuntaba la existencia de dos facturas diferentes originadas por el proyecto mencionado.
Efectivamente, tras adjudicar el Ayuntamiento el proyecto de Residencia para Mayores a la empresa sevillana “Unia” -en realidad un grupo de cinco arquitectos con nombre y apellidos, según el acuerdo Plenario de 26 de octubre de 2009-, por un importe de 78.793,99 euros, aparece ahora una factura de la empresa alcarreña “Arquitectura Base Europa SLP” (ABE), fechada el 12 de agosto de 2009, en la que reclama al Ayuntamiento 36.951,80 euros como autora.
Pero la cosa no termina ahí, ya que uno de los responsables de dicha empresa asegura en uno de los documentos que ha remitido al Ayuntamiento de Medina, en este caso fechado el 14 de agosto de 2009, que “poseo un acta notarial que recoge la utilización por parte del Ayuntamiento de los trabajos por mí realizados, siendo éstos facilitados sin mi permiso a todos aquellos profesionales que consultaron en aquellas fechas la Web municipal o se personaron en las oficinas del Ayuntamiento”. Tras la aparición en Internet de dichos planos y la consiguiente recepción en el Consistorio de un documento remitido por ABE, los diseños desaparecieron de la Web, no habiendo conseguido saber, a pesar de las gestiones realizadas, quién dio la orden para proceder a tal supresión.
Además, la empresa alcarreña asegura que, como consecuencia de la aparición de sus planos en la Web municipal, “se reserva el derecho para emitir la correspondiente factura a ese Ayuntamiento por la elaboración de los trabajos contratados”. De todo ello se deduce que existieron compromisos con la empresa alcarreña, encaminados a desembocar en la redacción definitiva del proyecto y posible construcción, por parte de ésta, de la citada residencia.
Fuentes de Urbanismo aseguraron a este respecto que en dicho departamento “no existe constancia de ningún encargo realizado a ABE y que de existir la factura de un proyecto base, presumiblemente encargado desde otro área para evitar desviaciones a mayores en los precios de los licitadores aspirantes a la adjudicación del contrato, la misma no sobrepasaría los ocho o doce mil euros”. De todo ello se desprende que, de no ser Urbanismo quien realizó el encargo, existen indicios racionales de que las gestiones del mismo pudieron hacerse desde la Alcaldía, bien personalmente por parte de su titular, a través de una “alcaldada”, o del staff de confianza, como si de un coto particular se tratase, siempre de forma irregular por una cuestión de competencias y formas.
La sucesión de hechos y sus correspondientes datas apuntan a una presunta manipulación de los datos existentes en el Ayuntamiento.
Y es que en el acuerdo Plenario en el que se adjudicó el proyecto a UNIA se asegura que, realizadas las consultas con la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León -Administración cofinanciadora con la Diputación y el Ayuntamiento de la Residencia- “puede considerarse viable el proyecto”. Si bien el proyecto se modificó tres días antes de su aprobación, según se desprende del informe de la arquitecto municipal, incluido en el acuerdo Plenario que afirma que el mismo “incluye correcciones con fecha de registro de entrada 23 de octubre de 2009”, prescribiendo además, entre otras cosas, que el “proyectista debe adjuntar el estudio geotécnico firmado por los técnicos” que lo elaboren. Es decir, aún se desconocía la solidez del suelo sobre el que se va a construir la futura Residencia para Mayores de 3.372,05 metros cuadrados en dos plantas y se modificó el proyecto sobre la marcha.
Si a ello se añade que en la web de UNIA se anuncia la adjudicación a su favor de dicho proyecto con fecha 6 de agosto de 2009 -el Plenario que lo aprobó se celebró el 26 de octubre de 2009-, parece presumible la existencia de irregularidades administrativas que plantean varios temas a dilucidar: ¿se cometieron posibles anomalías o “amiguismos” inducidos desde la Alcaldía?, ¿quien y cómo abonará la factura a la empresa alcarreña?, ¿planteará ABE, si no cobra, un procedimiento judicial que paralice la construcción de la Residencia?, ¿dimitirá el regidor por su responsabilidad en el tema? y, de forma especial, ¿cómo se justificará ante la Secretaría General y la Intervención del Ayuntamiento el gasto generado y el consiguiente pago de la factura a la alcarreña Arquitectura Base Europa?