Teresa García.- La Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de la Unión General de Trabajadores (UGT) solicitará la pena máxima de tres años para dos altos cargos de Metalúrgicas Medina S.A. (MEMESA), en concreto para su presidente y consejero-delegado, Ernest Waldburger, y su director de fábrica, Tomás Arturo Martín Catalá, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, amparándose en el Artículo 316 del Código Penal, por la supuesta ocultación de los niveles de plomo en sangre registrados entre los trabajadores.Y es que, después de tres años y tres meses se ha hecho público el acto de imputación tras las diligencias previas que se incoaron en virtud de una denuncia remitida por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid, ante una denuncia que previamente presentó MCA-UGT, y que por turno de reparto correspondió al Juzgado de Instrucción Número 2 de Medina del Campo.
En base a las diligencias practicadas por dicho Juzgado “ha quedado demostrado”, según explicó el secretario general de la Federación mencionada, que “existen indicios acreditados de que en MEMESA, empresa dedicada al reciclado de acumuladores eléctricos, tanto su presidente como su director de fábrica, conociendo la existencia de trabajadores no aptos para desempeñar puestos de trabajo con exposición al plomo, por sus elevados índices de contaminación en sangre, han mantenido a los mismos en ellos, con el peligro evidente que esto conlleva para la salud de los mismos”.
UGT solicitará tres años de prisión para dos altos cargos de MEMESA por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores
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La Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de la Unión General de Trabajadores (UGT) solicitará la pena máxima de tres años para dos altos cargos de Metalúrgicas Medina S.A. (MEMESA), en concreto para su presidente y consejero-delegado, Ernest Waldburger, y su director de fábrica, Tomás Arturo Martín Catalá, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, amparándose en el Artículo 316 del Código Penal, por la supuesta ocultación de los niveles de plomo en sangre registrados entre los trabajadores.