El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid, en su sentencia 291 de 11 de julio, ordenó al Ayuntamiento de Valdestillas el cese del pago del sueldo de la alcaldesa, María Esperanza Herrero Aguado (PP), así como el de los concejales César Recio Puras, José Antonio Laje Fernández y José Pancracio González Pérez, todos ellos del Partido Popular, decretando además la devolución de los emolumentos percibidos con anterioridad y anulando el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de septiembre de 2007, en virtud del cual han recibido dichos ingresos.
Todo ello en respuesta al Contencioso interpuesto contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valdestillas, de 28 de septiembre de 2007, por parte de la portavoz socialista en el Consistorio, Rosa María Manzano Gómez, en cuyo favor los Populares de Valdestillas -con el voto en contra de la totalidad del Grupo Socialista, incluida la propia Manzano- aprobaron también una gratificación que se negó a cobrar por entender que la misma, “además de ilegal, era un intento de ponerme una mordaza”, aseguró.
J. Solana.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid, en su sentencia 291 de 11 de julio, ordenó al Ayuntamiento de Valdestillas el cese del pago del sueldo de la alcaldesa, María Esperanza Herrero Aguado (PP), así como el de los concejales César Recio Puras, José Antonio Laje Fernández y José Pancracio González Pérez, todos ellos del Partido Popular, decretando además la devolución de los emolumentos percibidos con anterioridad y anulando el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de septiembre de 2007, en virtud del cual han recibido dichos ingresos.Todo ello en respuesta al Contencioso interpuesto contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valdestillas, de 28 de septiembre de 2007, por parte de la portavoz socialista en el Consistorio, Rosa María Manzano Gómez, en cuyo favor los Populares de Valdestillas -con el voto en contra de la totalidad del Grupo Socialista, incluida la propia Manzano- aprobaron también una gratificación que se negó a cobrar por entender que la misma, “además de ilegal, era un intento de ponerme una mordaza”, aseguró.
Tras la denuncia de Manzano, el Juzgado solicitó al Ayuntamiento el expediente que regulaba las retribuciones de los miembros de la Corporación, apreciando en el mismo dos hechos que han motivado la resolución judicial que anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento: la “falta de motivación” o de justificación para aplicar dichos sueldos y la “sucesión temporal de los hechos”, en relación a una sentencia anterior que ordenaba la devolución de los sueldos de los concejales de años anteriores. Y es que el 10 de mayo de 2007, otra sentencia de lo Contencioso – Administrativo anuló del cobro de gratificaciones por parte de los miembros del Equipo de Gobierno del Partido Popular y la devolución de las cantidades percibidas, ante lo que el mismo respondió con el acuerdo ahora anulado y que, en síntesis, duplicaba las cantidades que anteriormente percibían los concejales -de 600 a 1.200 euros para el titular de la Alcaldía y su primera Tenencia, y de 300 a 600 para el resto de los ediles del Grupo de Gobierno- además de aprobar dos nuevas pagas extras a mayores: 14 en lugar de las 12 anteriores.
En definitiva, todo apunta que los concejales del Partido Popular de Valdestillas, habrían intentado, de forma presumible, eludir la primera de las sentencias, ya que al doblarse las retribuciones que cobraban podrían devolver las cantidades que ordenaba el juzgado sin merma en sus intereses, incrementando además los mismos con dos pagas más.
Acatamiento de Sentencia y posición de la Alcaldía
La regidora Herrero Aguado aseguró a “La Voz de Medina y Comarca” que el Ayuntamiento “acata siempre las sentencias judiciales” y que incluso va por delante de las mismas, añadiendo en tal sentido que los Presupuestos de 2009 ya “contemplaban la bajada de las gratificaciones a la mitad”. Sin embargo, la alcaldesa no explicó si tal recorte en los sueldos de los munícipes sólo se reflejó en la consignación presupuestaria destinada al pago de los “Altos Cargos” o también en las Bases de Ejecución del Presupuesto, subterfugio habitual de muchos Ayuntamientos, de dudosa legalidad, cuando no existe un Acuerdo Plenario propiamente dicho que regule las gratificaciones de los mismos.