Editorial

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¿Qui prodest?

Los romanos, de los que el mundo occidental heredó, además de una lengua y un sistema de administración, la base  inspiradora del Derecho en el pleno sentido de la palabra, utilizaban con frecuencia el interrogante “Qui prodest?” -¿A quién beneficia?- cuando tenían indicios racionales de algo mal hecho, por acción u omisión, que a la postre terminaba por beneficiar a un tercero que nada había tenido que ver en la cuestión de fondo. En los tiempos modernos, tal situación ha pasado a denominarse “pelotazo”, poniendo siempre por delante de tal palabro (sic)  el adverbio “presuntamente” para evitar cualquier complicación legal por falta de pruebas ante una acusación, aunque se tenga la certeza moral de que el hecho imputado es cierto.
En la página de apertura de este semanario, el PSOE afirma que existen al menos dos casos en los que, por acción directa de un técnico, omisión voluntaria o involuntaria y falta de vigilancia por parte del político de turno han prescrito determinadas sanciones económicas contra los titulares de unas construcciones que en su día, al parecer, iniciaron las obras de las mismas sin la oportuna licencia municipal.
Habría que preguntarse el por qué del proceder de dichos empresarios y en el fondo se encontraría la respuesta de un período en el que el Ayuntamiento, como consecuencia de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tardaba más de dos o tres años en conceder, si es que lo hacía, los permisos constructivos.
Hasta aquí, al menos el Ayuntamiento tiene que entonar el mea culpa por haber tenido uno de los departamentos más importantes, como es el de Urbanismo, pendiente de un hilo, de un PGOU que a la postre tendrá que ser en su día modificado por inaplicable.
Pero si alguna de estas sanciones se ha dejado prescribir de forma voluntaria para enmendar un error -si es que tal puede denominarse un favor a un tercero con perjuicio para uno de los constructores que se lanzaron a edificar- la situación sería completamente diferente y merecedora de la aplicación del palabro anteriormente aludido, precedido del adverbio de rigor, para insinuar que la mano negra de la política estuvo en el fondo de la cuestión y que existió, al menos la asistencia o colaboración debida, por parte del técnico pertinente. Qui prodest? A todos, naturalmente, menos a quien se intentó sancionar.
LA VOZ DE MEDINA Y COMARCA