Redacción.- “Que se proceda al procesamiento, a la detención y a la prisión de los presuntos culpables o a exigirles la fianza de libertad provisional”, que al mismo tiempo, para garantizar las responsabilidades pecuniarias de los daños causados, se requiera a los querellados para que “presten fianza de 400.000 euros y, de no hacerlo así, se proceda al embargo de sus bienes en cantidad bastante para cubrir la referida suma” y que se dirijan las actuaciones “contra la Corporación Local en su condición de responsable civil subsidiario”.Así concluye, en su súplica y petición de admisión a trámite, la querella presentada por una empresa madrileña, el 29 de octubre, en el Juzgado de Medina del Campo, contra el alcalde de la localidad, Crescencio Martín Pascual (PP); contra el secretario del Ayuntamiento, Miguel Angel Malagón Santamaría; y contra la arquitecto municipal, Rocío Hernando Posada, por un presunto delito de “Prevaricación Administrativa” tipificado en el artículo 404 del Código Penal. Todo ello, a tenor del perjuicio causado a dicha empresa, lesionada en sus intereses, de forma presumible para “favorecer a otra constructora”.
Los hechos se remontan a noviembre de 2007, fecha en la que la constructora madrileña realizó una opción de compra sobre dos parcelas del Plan Parcial N-VI, solicitando, el 18 de enero de 2008, la correspondiente Licencia Mayor para la construcción de 24 viviendas unifamiliares adosadas, conforme a la normativa urbanística vigente en dicho Plan Parcial. La empresa aludida sólo obtuvo del Ayuntamiento el silencio por respuesta y un simple “no toca todavía examinar el citado proyecto”, surgido, según la querella, de labios de la arquitecto municipal y jefe del Servicio de Urbanismo, tras mantener diversas reuniones con ella para pedir explicaciones sobre las causas que motivaban el retraso en la concesión de la licencia solicitada.
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