Redacción.-La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín Juárez, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por los responsables de la Junta de Castilla criticando las últimas decisiones del Gobierno de España, entre ellas, el Acuerdo de Consejo de Ministros sobre los criterios de aplicación de la prórroga presupuestaria en el reparto de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales correspondientes a 2020.
Para la delegada del Gobierno de España en Castilla y León, “este Gobierno ha puesto en práctica en menos de diez días medidas que afectan muy directamente a los ciudadanos de Castilla y León. Se ve que no le han gustado nada al presidente de la Junta ni a su consejero de Economía y Hacienda porque todo lo que ha recibido el nuevo Gobierno de España han sido exabruptos y críticas del Gobierno Autonómico”.
Mercedes Martín ha dicho “no entender esa forma partidista de hacer política desde las instituciones. Al menos a mí, siempre me ha movido la lealtad institucional en mis relaciones con cualquier otra institución porque es la mejor forma de sumar todos en la misma dirección al servicio de la ciudadanía”.
De esta manera, las entregas a cuenta comunicadas inicialmente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León para este ejercicio ascienden a 6.443 millones de euros. Mercedes Martín ha insistido en que “estas cuantías serán actualizadas al alza cuando se conozcan las previsiones de ingresos del ejercicio en el marco del proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado”.
La representante del Gobierno de España en Castilla y León ha recordado que “el Gobierno de la comunidad autónoma exigía liquidez, dinero para afrontar los pagos a proveedores, para mantener los servicios, para hacer frente a las amortizaciones de deuda previstas. Se adelantan los pagos a cuenta que van a empezar a recibir en los próximos días y también ponen el grito en el cielo. Es una cifra provisional, a cuenta, que variará al alza cuando sea definitiva”.
Mercedes Martín se ha mostrado también sorprendida por las palabras del consejero de Economía y Hacienda en las que señalaba que esa cantidad a cuenta “es una muestra de la ralentización de la economía. ¿Pero en base a qué? Ese es el rigor del que hace gala el consejero de un departamento tan sensible como el que elabora los presupuestos de la comunidad. Ya puede ponerse a trabajar, ya tiene elementos para empezar a construir, a la espera del techo de gasto y de la cifra de déficit, esos presupuestos que tanta falta hacen”.
Igualmente ha señalado que “no resiste ningún debate político la afirmación que hace el presidente de la Junta sobre el pago del IVA de diciembre de 2017 cuando el problema surge de la aplicación por parte del Gobierno de Rajoy del proyecto estrella de Montoro, el de recaudación del IVA, y cuando en los Presupuestos Generales del Estado, que los partidos que sustentan al Gobierno de Castilla y León no quisieron aprobar, se recogía la solución”.
PENSIONISTAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS
Sobre otras actuaciones del Gobierno de España en estos diez días, la delegada ha dicho que “todos sabemos que los pensionistas son un colectivo muy numeroso en nuestra comunidad autónoma. El incremento del 0’9 por ciento de las pensiones a unos 700.000 habitantes de Castilla y León supone que lleguen a nuestros pensionistas 90 millones de euros más este año”.
También se ha referido a que “un porcentaje muy alto de la población activa de nuestra comunidad son empleados públicos. Más de 162.000 se van a ver también beneficiados del incremento del 2% de su salario ya desde el mes de enero”.
La delegada del Gobierno ha manifestado igualmente que “es habitual que la Junta de Castilla y León considere méritos propios todo lo bueno que le ocurre a esta comunidad y deméritos del Estado todos los indicadores negativos. Si sube el paro es por culpa del Gobierno de España y si baja, por lo acertado de las políticas activas de empleo del Gobierno regional”.
Y para concluir, ha señalado que “no se puede ni se debe hacer una utilización torticera de las instituciones para hacer política de partido, para acosar con consignas partidistas. Eso es deslealtad institucional y la ciudadanía se merece instituciones que se coordinen y que trabajen en la misma dirección para mejorar la situación y las condiciones de vida de los castellanos y leoneses”.