Redacción.-El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, y la delegada en Valladolid de la Federación España Educa en Libertad (ESEL), Susana Álvarez, lamentaron la presentación del anteproyecto de Ley LGTBI de la Junta de Castilla y León a pesar de que la elaboración de esta norma había sido rechazada abrumadoramente por los ciudadanos de la región el año pasado.
García-Juliá criticó que el texto actual «es un corta pega de las versiones más radicales de leyes de este tipo que se han presentado en los parlamentos regionales. El Gobierno no sólo insiste en el fraude democrático de pedir a la ciudadanía que participe para luego ignorarla, sino que asume las demandas que el lobby LGTBI le presentó a puerta cerrada. Han elegido el oscurantismo frente a la transparencia».
«La forma de presentar esta propuesta es un ejemplo de esto. Se publica el día 30 de diciembre, en plenas vacaciones de Navidad, y sin apenas publicitarlo, para que pasara lo más desapercibido posible», lamenta el presidente.
El texto presentado «es una norma innecesaria, que crea ciudadanos de primera y de segunda según su orientación sexual, con nuevos derechos o deberes según esta y que vulnera derechos y libertades fundamentales. Además, incluye la inversión de la carga de prueba (eres culpable hasta que demuestres lo contrario), entre otras medidas ‘igualitarias’ para la Junta».
Libertad de Educación
Una de las libertades más afectadas es la de Educación. Es este aspecto, la Federación España Educa en Libertad expresó su temor a que esta ley «limite la libertad de los padres en el ámbito de la educación moral de nuestros hijos, de la que somos titulares exclusivos. Compartimos plenamente el derecho fundamental de toda persona a no ser discriminada, y que existan en los centros educativos medidas de prevención de cualquier forma de acoso escolar. Sin embargo, entendemos que los planteamientos contenidos en el borrador presentado por la Junta de CyL vulneran la libertad de educación, en la medida en la que se plantea el desarrollo de «propuestas didácticas» adecuadas a la diversidad sexual y de género».
Según Susana Álvarez, «No debería confundirse el derecho a la no discriminación con la impartición de contenidos sobre cuestiones en las que no existe un consenso generalizado en nuestra sociedad, y que forman parte de la libertad ideológica. En una sociedad libre, democrática y plural no cabe imponer en los centros educativos una sola visión de la afectividad y de la sexualidad, que puede no ser compartida. Los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones morales».