Meter mano a la corrupción
Es más que una apreciación que los españoles empiezan a estar hartos de la corrupción generalizada que afecta a las administraciones locales, al margen de que muchas de ellas hayan cometido sólo ilegalidades y no inmoralidades.
No obstante los casos que ahora afloran, y de cuyos nombres, como Cervantes, no queremos acordarnos, habrían sido corregidos de forma sencilla, o mejor no se hubieran producido si se hubiesen introducido determinados cambios en la Administración Local, algunos de ellos clásicos y otros impuestos por lo tiempos modernos.
Si los secretarios de los ayuntamientos, verdaderos fedatarios de la legalidad de cualquier acuerdo, percibiesen sus sueldos del Gobierno Central, está claro que nunca alcahuetearían los tejemanejes de los regidores de turno. Ya que, en el caso de pretender tales, harían la preceptiva advertencia de legalidad y remitirían el acuerdo para su anulación al organismo que competa.
Por otra parte, si las normas urbanísticas municipales, redactadas por estudios especializados e informadas por equipos de técnicos competentes, que bien podrían ser los de las propias diputaciones provinciales, darían al traste con esa figura más que dudosa del arquitecto que va dos o tres horas a la semana a un ayuntamiento por un trozo de pan, aunque con la certeza de que engordará sus emolumentos redactando los grandes proyectos que se realizan en los pequeños municipios y hasta las normas urbanísticas por parte de los estudios en los que trabajan.
Así las cosas, y con los Planes Generales o las Normas Subsidiarias en las diputaciones provinciales, sus competentes equipos, ampliados y montados al efecto, bien podían en una simple mañana y gracias a los sistemas informáticos actuales, informar favorablemente o rechazar cualquier petición de obra, siendo luego ya el Ayuntamiento el que eleve tal informe a acuerdo definitivo.
Otro de los grandes problemas son las sociedades mixtas de vivienda y de muchas cosas más, que para nada deben entrar en las competencias de los propios ayuntamientos que fueron concebidos para hacer calles y mantenerlas pero no para promover los edificios que las configuran. Si a ello se añade una legislación más severa que impida realizar cualquier separata para evitar adjudicaciones por cachitos y a golpe de Decreto, y una financiación no condicionada a ejecuciones de obras que obligan a endeudarse a los ayuntamientos, además de un sueldo fijado por el Estado para los alcaldes en función de los habitantes de sus municipios, todo estaría resuelto.
LA VOZ DE MEDINA Y COMARCA