Cumplir la ley
La propia idiosincrasia de nuestro sistema político hace que uno de los principales objetivos de los grupos de Gobierno sea conseguir ser reelegido una vez pasados los cuatro años al frente de la Corporación. Muchas veces eso supone tener una visión cortoplacista de la situación y, en algunos casos, no valorar debidamente el nivel de endeudamiento que se deja en las arcas municipales. Eso debió pensar nuestro ministro Montoro a la hora de realizar la ley que obliga a que cualquier superávit presupuestario fuera directamente a la reducción de deuda.
Más allá de la opinión que tengamos cada uno del destino del superávit, lo que no cabe duda es de que, en el panorama municipal de nuestro país, vemos a algunos ayuntamientos con unos niveles de deuda que lo único que han conseguido es que la recaudación de impuestos a los ciudadanos vaya directamente al bolsillo de los bancos para el pago de intereses y amortización de deuda; y seguro que siempre hay alguna necesidad en el municipio, pero lo que no podemos perder es la objetividad para ver que dichos pagos están estrangulando a muchas corporaciones locales.
En un punto del pasado Pleno se planteó la amortización de deuda con los 350 mil euros del superávit del Presupuesto anual, algo que por ley es obligatorio y debiera ser un asunto de mero trámite; pero en el debate político, demostrando el grado de fuerza por parte de Crescencio Martín Pascual y el grado de sumisión de sus concejales, el primero mandó en el último momento cambiar el sentido del voto y no aprobarlo, conllevando un grave problema tanto para los intereses de Medina, como para aquellos que con su voto desobedecen una ley que, además, está legislada por su propio partido en el Gobierno de la nación: para los medinenses, porque del dinero que nos tiene que ingresar el Estado todos los años, nos deducirían los 350 mil euros por no destinarlos al uso que marca la ley; y para los concejales del PP que con su voto impidieron cumplir la ley, porque se encontrarían en la tesitura de que se podría repercutir ese perjuicio directamente contra sus bolsillos, a la vez que podrían enfrentarse a una inhabilitación de 1 a 10 años y afrontar un delito de prevaricación. En descargo de alguno de ellos, hay que reconocer que no sabían las consecuencias que conllevaba el sentido de su voto -es verdad que todavía muchos no entendemos cómo puntos que son de obligado cumplimiento, como éste o subidas del IPC en contratos municipales, se tienen que llevar a Pleno-, pero al igual que nos ocurre al resto de los ciudadanos “el desconocimiento de una ley, no exime de su cumplimiento”.
No se sabe si los concejales de dicho grupo solicitarán pronto un Pleno Extraordinario para intentar dar marcha atrás a la metedura de pata tan grave que han cometido, pero lo que no cabe duda es de que cuando uno llega a concejal tiene que tener un mínimo de formación para no hacer el ridículo, y más si cabe propiciando incumplimientos de leyes formuladas por sus propios compañeros de partido.
Lo que está claro es que los medinenses vamos a vigilar muy bien al grupo de Gobierno para que sucesos como éste no tengan consecuencias económicas para los ciudadanos dado que, de haberlas, esperamos que se trasladen inmediatamente a los responsables.
Por otro lado, la amortización del superávit suponía liquidar dos créditos mal hechos, con unos intereses del 7 por ciento, y que el banco dejase de percibir más de veinte mil euros anuales de nuestros impuestos.
La Voz de Medina y Comarca