¿Dónde está nuestro dinero?
No hemos acabado de asimilar el caso Pujol cuando nos aparecen las tarjetas opacas en Bankia, sindicalistas mineros con fortunas ocultas y, cada semana, nos despertamos con nuevos casos que asimilar. Pero desgraciadamente para los medinenses nosotros también tenemos lo nuestro. Leyendo con detenimiento las conclusiones del fiscal del “Caso Rotonda”, da la impresión de leer a un hombre que es incapaz de creerse la cantidad de irregularidades premeditadas, según su criterio, que hizo la anterior Junta de Gobierno capitaneada por el ahora acusado Crescencio Martín Pascual para adjudicar una obra a dedo a una empresa, con premeditación, alevosía y pagando un precio muy superior del valor al que hubiera sido adjudicada en caso de seguir el procedimiento establecido, que no era otro que el concurso que ya estaba en marcha. Por ello, la Fiscalía solicita una pena de 1 a 3 años de prisión y de 7 a 10 años de inhabilitación para cargo público, pero ¿y del dinero qué? Que más da que le inhabiliten uno o mil años, cuando después de lo sucedido no es más que un cadáver político. La ley tendría que cambiar y, en caso de ser culpables, deberían reembolsar el quebranto producido a las arcas medinenses.
Respetando la presunción de inocencia de los acusados, dado que los jueces no siempre son capaces de encajar todas estas irregularidades en un Código Penal que cuando se redactó estaba más pensado para ladrones que para políticos con pocos escrúpulos, la duda que surge es si este es el único caso que existe o, por el contrario, es sólo la punta del iceberg.
Lo lógico después de todo lo sucedido es que el señor Martín Pascual hubiera mostrado un poco de dignidad política y hubiera renunciado a su acta de concejal y a la presidencia del Partido Popular de Medina del Campo, dado que no puede haber personas más defraudadas que aquellos militantes que trabajaron para que él llegara a la Alcaldía y aquellos votantes que le dieron su confianza.
Pero parece que la pelota caliente va a pasar a la Dirección Provincial del partido, porque si no le “invitan” a irse, quedarán tremendamente retratados. ¿De qué valen los discursos y los congresos del partido donde se anunciaba que los acusados deberían dejar sus cargos hasta que acabara el juicio, si cuando tienen que demostrarlo no son capaces de aplicarlo? Además, ¿en qué posición quedará el futuro candidato si el que tiene que asesorarle está a la espera de sentarse en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León? Duro dilema al que se enfrenta la Dirección del partido porque, para optar con garantías a la Alcaldía de la villa, antes tendrá que recuperar la confianza de unos simpatizantes que ya no sólo no justifican este tipo de conductas, sino que son los primeros que exigen decisiones ejemplarizantes.
La Voz de Medina y Comarca