Declaraciones de bienes, ¿para qué?
El azote y zurriagazo con el que está sacudiendo la corrupción a la clase política no termina de sorprender a los españoles. Tal es así que, al margen de la actitud honorable que puedan tener muchos políticos, la ciudadanía sufre un desencanto de tal magnitud que termina englobando a todos en el mismo saco, con el consiguiente desdoro de los componentes de la denominada clase política, que en algunos casos llegan incluso a avergonzarse de pertenecer a la misma.
Con motivo del caso más sonado, ese que en estos días sirve de apertura para todos los medios de comunicación, ya sean radiofónicos, televisivos o escritos, el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy Brey, dio un primer paso al frente y publicó en la página web de La Moncloa su declaración de bienes, una decisión, a todas luces, insuficiente, aunque, nadie lo dude, bienintencionada.
Insuficiente es tal medida porque no se trata de conocer el patrimonio de ningún político, que en el fondo a nadie le importa, ya que lo procedente sería publicar la declaración de cualquier componente de la clase política cuando llegó al poder de una institución del Estado y, como reverso de la misma moneda, la última declaración en un momento preciso y concreto, que no es otro que el anual.
Numerosos políticos han seguido la estela que ha marcado el presidente del Gobierno, publicando también sus datos patrimoniales y oficiales a través de diversas webs institucionales. Una forma de proceder que nada aclara, salvo la publicidad que se da a los mismos, ya que dichas declaraciones son obligatorias y preceptivas antes de posesionarse de cualquier cargo público.
Eso sí, la publicación de las ya famosas declaraciones ha sorprendido a más de uno con el paso cambiado, evidenciando, en consecuencia, las vergüenzas que a veces se ocultan tras una pantalla de honestidad.
Así las cosas, todo parece apuntar a que ha llegado el momento de un gran pacto nacional que obligue a los políticos y a los representantes de todas las Instituciones del Estado y a quienes de sus fondos se nutren, a publicar sus datos para saber quiénes eran antes de llegar a la política, quiénes son mientras permanecen en la misma y en qué situación económica se encuentran cuando cesan en dicha actividad. Es la ley de Transparencia o, mejor dicho, la transparencia misma, hoy más que nunca necesitada para salvaguardar la faz de los partidos políticos y de sus miembros, en unos momentos en los que éstos se han convertido en una de las grandes preocupaciones de los españoles. Y es que así no se puede seguir.
LA VOZ DE MEDINA Y COMARCA