Injusticia en nombre de la Justicia
Hay injusticias que claman al cielo y más cuando las mismas se perpetran en nombre de la Justicia. Y es que la Justicia, digan lo que digan, además de ser un derecho fundamental de los ciudadanos, en cualquier democracia es también uno de los poderes del Estado que, conjuntamente con el Legislativo y Ejecutivo, configuran, por su existencia e independencia la esencia misma de la democracia. Tal es así que, en función del normal desarrollo e impartición de la Justicia, que es tanto como su propia existencia, puede valorarse la calidad de una democracia. Pero en los últimos tiempos, los principios más básicos de la legalidad se están poniendo en cuestión y los españoles observan atónitos cómo algunos de ellos caen por obra y gracia de un ministro. ¿Qué calificativo adjudicará la historia al actual titular de Justicia, una vez transcurridos los plazos de poso y sosiego para ser escrita? Eso nadie lo sabe, pero que tendrá un alias destacado en el devenir de España no puede dudarse. Y es que por primera vez, en un Estado Democrático, el pago de las nuevas Tasas de acceso a la Justicia se postergan – gracias a Dios, por otra parte – por la sencilla razón de que en los Juzgados no existen los formularios o sencillos recibos para proceder a su cobro. ¡Vamos, que se cogió el rábano por las hojas y una simple cuestión de imprenta da al traste con una Ley aprobada por el Parlamento! Pero no todo termina ahí, en las formas, sino que tiene un mayor calado en lo que afecta al fondo, que, siguiendo con la política de recortes y restricciones de derechos convertirá el acceso a la Justicia, verdadero bien supremo y aspiración humana, en un coto reservado exclusivamente a quienes puedan pagársela. Y es que a partir de la entrada en vigor de las nuevas tasas, ya sea por una reclamación civil, social o contencioso-administrativa, los españoles deberán abonar, para hacer valer sus derechos, una cantidad mínima por pisar un Juzgado y otra variable en función de la cuantía que demanden. Dicho en plata, por una reclamación de un despido laboral, 100 euros fijos y un tanto a por ciento a mayores en función de la cuantía que reclamen. Y si hay apelación, mejor no hablar. Si a esto se añade la falta de numerario a consecuncia de la crisis y del paro, la Justicia se convertirá en un artículo de lujo que sólo podrán pagar unos cuantos privilegiados, convirtiendo así a los españoles, ante la Justicia, en ciudadanos de primera y segunda clase, que es tanto como decir españoles con derechos, si disponen de recursos, o sin derechos, si carecen de ellos para acceder a los servicios de uno de los Poderes del Estado.
LA VOZ DE MEDINA Y COMARCA