Juzgados
El simple “Informe sobre la modificación del Anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial”, ya en la mesa del Consejo de Ministros, en el que se asegura que “se crean veinte nuevos juzgados y se modifica la planta judicial en ocho provincias”, entre ellas Avila, a cuyo nuevo juzgado capitalino se adscribirán los municipios que conforman la comarca natural de Alberche-Pinares, concepto amplísimo éste, a la par que se indica que “la capitalidad de los nuevos partidos deberá ser fijada por ley de su correspondiente Comunidad Autónoma”, hace pensar de nuevo en la propuesta que, sobre partidos judiciales, presentó en mayo el Consejo General del Poder Judicial, que proponía que los 24 juzgados existentes en Valladolid y provincia pasasen a ubicarse en la capital.
Todo ello, de ser aprobado por el Consejo de Ministros, supondría la supresión de los dos Juzgados de la villa. Y es que si la Legislación actual contempla la existencia de Partidos Judiciales para la atención de 50.000 habitantes instalados en un radio de 15 kilómetros, los derroteros van por el camino de aumentar dicha cantidad de ciudadanos a 100.000, a condición de que el trayecto a los mismos sea inferior a una hora.
Dicho en plata, que como todos los municipios de la comarca no cifran 100.000 habitantes y están situados a menos de una hora de Valladolid, Medina de Campo tiene sobre la testa de sus juzgados el acta de defunción ya firmada. Si a ello se añade que los Ayuntamientos – y en el futuro los notarios – ejercen la potestad de celebrar matrimonios, el futuro está cantado y el acta de defunción de los Juzgados, con el sello puesto, a la espera del número de registro de salida, con el “Cúmplase”, a datar por un Consejo de Ministros de un viernes cualquiera.
Los representantes de los denostados partidos políticos, desde instituciones que nada pintan en la materia, ya han presentado sus mociones para impedir tal desafuero que, a la larga, unido a las Tasas Judiciales y al coste de los viajes, convertirán el acceso a la Justicia en un privilegio y no en el derecho Constitucional que es.
Por ello, llega el momento de que los medinenses defiendan, con uñas y dientes, la permanencia de sus Juzgados e incluso la creación de un tercero en las condiciones debidas, que la propuesta realizada por el ministro del ramo, tendente a adscribir al titular de un Juzgado el trabajo de medio Juzgado más, previo pago de una gratificación, en vez de ser solución más bien parece una chapuza parangonable a las “reformas” aprobadas en las mañanas de los viernes. Además, si Medina es prestadora de servicios de tren y sanitarios, entre otros, lo normal es que también lo sea de Justicia. Y si no, díganse las razones.
LA VOZ DE MEDINA Y COMARCA