La intervención “ad portas”
Aunque la prima de riesgo, como ahora se dice, “se haya relajado”, está claro que la intervención de Europa en el Estado español está ya a las puertas, casi a la altura de Los Pirineos.
Sí es cierto que el actual Gobierno del popular Mariano Rajoy ha tomado determinadas medidas encaminadas a solventar la situación, cortando y recortando allí donde es más fácil; aunque ello suponga un estado de malestar generalizado en la ciudadanía, que nada va a resolver.
Dilaciones, por cuestiones electorales de Andalucía, en los Presupuestos Generales del Estado; confusiones semánticas para disfrazar lo que hay, un rescate ya parcial reorientado a solventar la falta de solidez de parte del sector bancario; y tirar siempre de los segmentos más frágiles de la población, han sido ya una norma para resolver, de forma rápida y sin solución de continuidad, los problemas que se presentaban, a base de parches.
Pero hay algo que todos parecen haber olvidado: la reforma real de la Administración española, su adelgazamiento para que, sin recortes en las pagas extraordinarias de los funcionarios ni necesidad de recurrir al siempre socorrido incremento del IVA, la situación pueda solventarse dotando al Estado de una estructura acorde a las necesidades de unos nuevos tiempos. Y es que ya no se trata de una reforma, sino de una reorganización en toda regla que defina cuáles son las competencias de las distintas administraciones, cuáles sus cometidos y, en consecuencia, cuáles son los gastos que las mismas van a generar para que, en un paquete de medidas, el sistema sea sostenible.
Dejadez, inoperancia o falta de valor se encuentran en el fondo de la cuestión, ya que si se va a apostar por un Estado autonómico hay que decirlo y articular el mismo, o si, en su defecto, se opta por un Estado organizado alrededor de la provincia, es también menester delimitar de forma clara cuáles serán las competencias de las diputaciones, cuáles las de los municipios y cuántos políticos y funcionarios deberán figurar al frente de las mismas.
Pero eso conlleva la temida reforma constitucional, no por las dificultades que la misma entrañe, sino por la disolución de las Cortes que lleva implícita y la convocatoria consiguiente de Elecciones Generales.
Parece que nadie se atreve a poner el cascabel al gato y es más idóneo, para la clase política, que tal modo de proceder venga impuesto desde Europa. Los españoles se verían, quizás, perjudicados; pero la crisis política, que no es ajena sino generadora de la económica, se vería solventada de una vez por todas y morigerada en cuanto a los malos hábitos que sus representantes han adquirido.
LA VOZ DE MEDINA Y COMARCA