Editorial

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Seriedad en los temas municipales
 
Que los partidos políticos – quizás sería mejor decir alguno de sus representantes – presenten los temas que les venga en gana a la aprobación de los entes colegiados de un Ayuntamiento, entre los que  el Plenario, por su capacidad de decisión y solemnidad figura antes que ningún otro, nada tiene de particular, porque para eso están las formaciones políticas, sus decisiones y los concejales que las representan.
Pero de ahí a jugar con el oportunismo y si, a mayores, media una presunta ilegalidad, va un trecho muy considerable que puede además ir en detrimento no sólo de quien lo utiliza sino de toda la clase política, en los tiempos actuales tan denostada precisamente por, entre otras cosas, estas formas de proceder.
A las inmaduras y pueriles acusaciones de las malas “herencias recibidas”, salpimentadas con el “y tú más” que ya hacen aborrecible el plato cotidiano de la política, en el último Plenario del Ayuntamiento de Medina del Campo se sirvió el lunes un postre que, a modo de manzana envenenada y asada con minucia perversa, sólo puede conducir a enfrentamientos sociales entre ciudadanos y entre éstos y los administradores de su municipio.
El tema elegido para postre, en esta ocasión por el Partido Popular, fue la utilización del Albergue Juvenil para acoger a familias que, por las vicisitudes de extrema necesidad en las que las ha situado la crisis, son desahuciadas de sus casas. Hasta ahí, nada tendría de particular la propuesta de los populares si el  tema, tal y como se presentó, tuviera visos de viabilidad.
Pero la realidad es otra muy distinta, ya que dicho Albergue Juvenil, pese a ser de propiedad municipal, tiene delegada su explotación en una empresa privada, que accedió a la misma, salvo error u omisión, bajo determinados condicionantes que restringen el uso de las instalaciones a jóvenes y peregrinos.
Para acceder a lo que el Partido Popular presentó como moción serían necesarias, al menos, dos cosas: un informe técnico que avale la legalidad de la decisión y la conformidad de la empresa, que se obtendría en este caso, de forma presumible, sin ninguna dificultad, ya que el beneficio de la explotación aumentaría sin duda alguna.
Pero el informe técnico, aún pendiente de emitir, podría anular la decisión por ilegal a tenor de la alteración que se produciría en el pliego de condiciones para la concesión de la explotación de las instalaciones.
Eso el Partido Popular lo sabe mejor que nadie, ya que fue quien construyó el albergue y aprobó la Ordenanza Reguladora de su uso, exclusivamente juvenil y afectado para tal fin.
LA VOZ DE MEDINA Y COMARCA