Editorial

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Consenso para la educación
El Partido Popular, tras su acceso al Gobierno de España bajo la presidencia de Mariano Rajoy Brey, anuncia ya una nueva reforma educativa, al igual que han hecho todos los gobiernos de España a lo largo de la democracia, cuando su llegada implicaba un cambio de color político.
Por supuesto que todos, según esgrime ahora el ministro Wert y adujeron en épocas otros responsables de Educación, lo hacen en aras de la calidad de la enseñanza, de la excelencia de la misma y para impedir el temido abandono escolar como consecuencia de un fracaso, siempre imputable al alumno. Y es que el profesorado, al parecer maltratado por los recortes presupuestarios, disfrutará, de salir adelante las reformas previstas, de un estatus de autoridad intangible en base al Estatuto del Docente, que le convertirá de hecho en juez y parte de unos acontecimientos, aunque desprovisto en muchos casos de los medios necesarios para vivir con dignidad.
Ampliación del Bachillerato también se anuncia, uno de cuyos cursos será, al igual que en Formación Profesional, de carácter obligatorio, por supuesto en detrimento de otros ciclos educativos inferiores ya que de la edad de escolarización y de su posible incremento en el tiempo nadie habla.
También se anuncia el cambio de nombre y posiblemente de contenido de la temida por la derecha “Educación para la Ciudadanía”, que pasará a llamarse “Educación Cívica y Constitucional”, mucho más acorde a las circunstancias de un Gobierno de centro-derecha que olvida que tal asignatura no dejará de ser nunca, llámase como se llame, una “maría” que otrora se llamaba “Formación del Espíritu Nacional”.
Es decir, que gobierne quien gobierne, todos los partidos políticos que han accedido al poder en España durante la democracia han planteado “su” reforma educativa, “su” Ley de Educación y “su” tentativa de orientar al sector más delicado de la sociedad, el educando, hacia “sus” intereses, olvidando la palabra “consenso” que tanto llena la boca a los componentes de la clase política y no alcanzando de una vez por todas un acuerdo que no trastorne ni al alumno ni al profesorado.
Es obvio que para que esta reforma que plantea ahora el ministro salga adelante se necesitan al menos tres o cuatro años y con la que está cayendo posiblemente no haya Gobierno que lo aguante ni cuerpo que lo resista, por lo que la reforma será de nuevo, por no encontrar el consenso, como un matrimonio rato.
Basta ya de innovar por innovar y de abrir melones si no queremos, como dice ahora don Mariano Rajoy, “vivir en el lío”.
LA VOZ DE MEDINA Y COMARCA