Ordenación del Territorio
Uno de los grandes temas que es ya imperioso abordar para solventar un buen número de dificultades es la traída y llevada Ordenación del Territorio, inexcusable en estos momentos de crisis económica ya que de ella, y de que se haga de forma correcta, depende una buena parte de la solución financiera de la Administración.
En los últimos días, más que sensación es percepción, la clase política no parece decidirse por un modelo territorial concreto, olvidando que las circunstancias mandan y mandan rápido; aunque todo apunta a que la Ordenación de Castilla y León comenzará por delimitar las competencias de las Diputaciones Provinciales, organismos de sufragio indirecto y recogidos en la Constitución como Corporaciones Locales. Un resquicio éste, o quizás “voluntad del legislador” para su versatilidad funcional que permite hacer de ellas entes poderosos a la hora de canalizar recursos y distribuirlos o apéndices administrativos sin competencias en peligro de extinción. Esas son simples apuestas ideológicas.
La llamada autonomía municipal es patente en el caso de los grandes Ayuntamientos, aunque los pequeños – complicado sería decir cuales son unos y otros en una Comunidad despoblada – podrían tener un futuro obscuro y estar llamados a desparecer, asumiendo entonces sus funciones otros mayores, agrupaciones mancomunadas o Diputaciones, lo que equivaldría a la supresión de municipios y seguro a la de organismos intermedios.
Así las cosas parece ser ya más que urgente, al menos, anunciar cuáles van a ser las líneas maestras de la Ordenación del Territorio para que los Ayuntamientos de los municipios que estén llamados a prestar servicios a otros pueblos distintos de aquel en que se ubican – muchos ya lo hacen con criterios zonales a través de los Centros de Salud e incluso mediante los casi imperceptibles Centros de Iniciativas Turísticas, aprovechables para la ocasión como infraestructura – y las propias Diputaciones, si las mismas continúan prestando los mismos servicios o asumen otros más relacionados con la asesoría, comiencen a adecuar sus organigramas para encarar el futuro sin sorpresas, con eficiencia y economía de gestión.
Y es que, sirva de ejemplo, al igual que hace ya años los Ayuntamientos comenzaron a compartir secretarios por razones económicas, tampoco estaría de más que, sin perder su identidad, algunos pueblos fuesen gestionados desde Ayuntamientos “centrales” y sus alcaldes se convirtiesen en delegados de la Administración bien atendidos y asesorados para tomar decisiones rápidas y sin grandes complicaciones. Pero para eso es necesario clarificar dónde está cada uno y cuál es el papel que tiene que desempeñar.
LA VOZ DE MEDINA Y COMARCA