Tirón de orejas al sistema financiero
Parecer ser que la ministra de Hacienda ha dado un nuevo tirón de orejas al sistema financiero español con motivo de los escándalos que han supuesto los macrosueldos y planes de jubilación de los directivos de las últimas entidades financieras que no han conseguido solventar sus problemas de solvencia. Se trata de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Novacaixa Galicia.
El escándalo es tan mayúsculo que ambas entidades, que han recibido fondos públicos en concepto de préstamo, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, han dispendiado casi una treintena de millones de euros para despedir a los responsables de su desastre financiero. Algo que comienza ya a indignar de forma definitiva a la sociedad.
El Ministerio de Economía y Hacienda ha anunciado que a partir de ahora los recursos que deban destinarse a sanear a determinadas entidades financieras saldrán de un fondo especial, dotado por el propio sistema bancario, lo que hace suponer que tales recursos no incidirán en la deuda pública del Estado ni serán los contribuyentes quienes deban, a la postre, pagar los mismos.
Pero la situación no termina ahí, ya que el Partido Popular en un alarde de avance de su programa electoral ya anuncia reformas en el Banco de España para controlar este tipo de situaciones anómalas y desagradables, cuyo control en la actualidad, en lo que afecta a sueldos de consejeros, no depende del Banco de España, si no de las Comunidades Autónomas encargadas de nombrar a los mismos.
Por tal motivo, no estaría de más que los señores Rodríguez Feijoó, presidente de Galicia, y Alberto Fabra, que en Valencia ha sustituido felizmente a Francesc Camps, se ocupasen del asunto y preguntasen a los consejeros que ellos mismos nombraron en dichas entidades financieras sobre los sueldos que cobran y se informen puntualmente de “cómo va el óleo”.
Y es que en unos momentos de crisis, donde el número de parados supera los cuatro millones de personas, un millón de las cuáles carece de cobertura social protectora, no parece de recibo que algunos elementos con cara de cemento, que en algunos casos han llegado a cometer en las entidades de préstamo donde trabajaban presuntas irregularidades que podían ser punibles, se marchen de rositas y con unas pensiones vitalicias, que en el menor de los casos ascienden a los 300.000 euros anuales.
Sea el Banco de España o sean las Comunidades Autónomas ya es hora de poner cota a estos desmanes para que el sistema bancario funcione, con crisis o sin crisis, con normalidad y decencia.
LA VOZ DE MEDINA Y COMARCA