Redacción.-
“Los intereses económicos privados no pueden servir de pretexto a la Junta de Castilla y León para negarse a informar sobre lo que de verdad ha ocurrido en las residencias”, señala Soraya Blázquez
La procuradora socialista, Soraya Blázquez, defendió en la Comisión de Transparencia celebrada esta tarde en las Cortes que la Junta haga públicos en el Portal de Transparencia los datos desagregados del número de personas afectadas por el Covid-19 reflejando el numero de fallecidos por coronavirus diagnosticado y el número de fallecidos con sintomatología compatible con el Covid 19 en todos los centros públicos y privados de residencias de personas mayadores de la Comunidad.
En su intervención en defensa de la propuesta socialista, Blázquez consideró que “no es de recibo que el gobierno autonómico oculte estos datos a la opinión pública porque no quiere perjudicar los intereses económicos de las empresas que buscan negocio con las residencias” y denunció que el modelo de atención a nuestros mayores que defiende y desarrolla desde hace años la Junta es el de “hacer caja.”
En el caso de los fallecimientos en residencias privadas, el gobierno de Mañueco entiende que los intereses económicos y comerciales de las empresas que gestionan las residencias están por encima del derecho de los ciudadanos a conocer qué sucedió durante la pandemia en las residencias de mayores de su ámbito territorial”, señaló la procuradora quien acusó a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de pretender eludir su responsabilidad ocultando datos referentes a su gestión de las residencias, sobre todo en cuanto a los criterios de las gerencias de Salud y de Servicios Sociales para el traslado de los mayores enfermos por coronavirus y con síntomas a los hospitales y primar su atención en las propias residencias.
Blázquez denunció asimismo que sólo el 9 % de los centros residenciales son de titularidad pública en Castilla y León. “ El porcentaje de plazas residenciales privadas en es muy superior al de los públicos y la Junta se ha puesto del lado de sus gestores en vez del lado de los ciudadanos, que tienen derecho a saber lo que ha sucedido en los centros donde se cuida a sus familiares”, señaló tras la negativa de PP y Cs a la publicación de los datos.