Redacción.-
• La mayor parte de ellas, tenían reclamaciones judiciales nacionales
vigentes y cuatro figuraban en búsquedas policiales activas
• Suele tratarse de individuos sobre los que pesan órdenes de
búsqueda, detención e ingreso en prisión por causas pendientes con
la justicia
• Entre las competencias de un Grupo de la Policía Nacional de
Valladolid, está la realización de los trámites oportunos para la rápida
puesta a disposición judicial de los detenidos
La Policía Nacional ha detenido en lo que va de año a casi
350 personas sobre las que recaían, en su mayor parte, diferentes requisitorias
judiciales nacionales, y únicamente cuatro de ellas, tenían reclamaciones
policiales. Igualmente destaca la detención en Valladolid de un fugitivo de origen
rumano y de 25 de años de edad, reclamado internacionalmente, sobre el que
pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por portar en la vía pública de
su país de origen un arma catalogada como letal, sin la debida autorización, en el
año 2016.
De manera sistemática, los juzgados de toda España emiten a la Policía Nacional
órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión de personas que tienen
pendientes causas con la justicia por la comisión de ilícitos penales y que, o bien
no se presentan a los juicios, o bien no ingresan voluntariamente en prisión tras
una condena.
Entre los detenidos por reclamación durante el Estado de Alarma, se produjeron
varias detenciones en los controles diarios que se realizaban de personas y de
vehículos en la vía pública. En el periodo estival, se ha detenido a una persona
con cinco reclamaciones judiciales teniendo vigentes tres ingresos en prisión.
Incluso en la labor diaria de las patrullas de Seguridad Ciudadana, se consiguió
impedir la comisión de delitos de estafa, tras identificar a un individuo con cinco
requisitorias vigentes que estaba siendo buscado por haber cometido esa
tipología delictiva en cinco provincias de España y tenía decretado su ingreso en
prisión. De ese modo, se pudo frustrar que el estafador con antecedentes
continuara presumiblemente buscando víctimas para sus engaños.
En gran parte de los casos, los juzgados dictan órdenes de detención contra
personas que estaban obligadas a comparecer como investigadas en un proceso
penal y se negaron reiteradamente a acudir voluntariamente al tribunal
correspondiente. Esto permite al juzgado instructor ordenar a la Policía Nacional
que detenga a la persona citada por un delito de desobediencia para tomarle
declaración.
Merecen especial mención supuestos en los que el reclamado se encontraba
consumiendo bebidas alcohólicas sin portar la mascarilla preceptiva y teniendo
vigente un ingreso en prisión. Otro de los detenidos se encontraba alojado en un
hotel de Valladolid y fue localizado por tener cuatro requisitorias judiciales, siendo
dos de ellas de ingreso en prisión. Otra intervención anécdotica de los agentes fue
la de un taxista que requirió presencia policial por el impago de un servicio de
desplazamiento y tras la identificación del pasajero, tuvo que ser detenido para
presentarlo al juzgado instructor por una requisitoria de un delito contra el
patrimonio.
Estas personas, tras ser localizadas y detenidas por los agentes, son trasladadas
a un Grupo de la Policía Nacional de Valladolid el cual, realiza entre sus funciones
asignadas, los trámites oportunos en la puesta a disposición judicial de las
personas reclamadas por la Justicia para el cumplimiento de las penas o medidas
que les correspondan.
En el caso del reclamado internacionalmente por incumplir en Rumanía las
normas sobre armas y munición, fue detenido para la ejecución de una pena
privativa de libertad. Llevaron a cabo las gestiones los agentes de la Brigada
Provincial de Policía Judicial de Valladolid y fue puesto a disposición del Juzgado
Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.