Redacción.- El Juzgado de lo Contencioso – Administrativo número 2 de Valladolid, por Auto 309/2010 de 15 de septiembre de 2010, ha ordenado la ejecución de su sentencia de 22 de febrero de 2008, que anuló la autorización de uso excepcional en suelo rústico de la pista de esquí seco de Villavieja del Cerro, requiriendo a la Alcaldesa de Tordesillas, Marlines Zarzuelo, “para que en el plazo de un mes proceda a derribar las obras realizadas en el suelo donde se concedió el uso excepcional en suelo rústico anulado en este proceso”, así como “a la restauración del suelo a su estado anterior de monte arbolado”.
La orden judicial de demolición fue notificada el pasado viernes al Ayuntamiento de Tordesillas y a la Sociedad Municipal de Desarrollo de Valladolid, S.A. (SODEVA). El auto es de obligada ejecución aunque se recurra y responsabiliza de su cumplimiento a la Alcaldesa de Tordesillas, Milagros Zarzuelo.
La sentencia que se ejecuta fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el 28 de mayo de 2009, por lo que el Ayuntamiento de Tordesillas ha venido incumpliéndola desde hace casi año y medio.
Ante la contundencia de la orden judicial, Ecologistas en Acción exige al Presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, y al Presidente de SODEVA, Alfonso Centeno, que procedan a paralizar de inmediato las obras de construcción del Complejo de Ocio que reanudaron hace un mes, advirtiéndoles de la responsabilidad personal en que podrían incurrir, de continuarlas, por un presunto delito de desobediencia. Así mismo, urgen a ambas autoridades a que prevean los medios materiales y económicos necesarios para abordar la demolición de las instalaciones y la reforestación del monte afectado por las mismas, en el plazo de un mes otorgado por el Juzgado.
La orden de demolición es el segundo revés serio para el Complejo de Ocio “Meseta Ski”, tras el emplazamiento realizado el pasado 10 de septiembre por el Gobierno a la Junta de Castilla y León a que modifique la Ley de Meseta-Ski por considerarla inconstitucional, en el marco del procedimiento negociado entre ambas Administraciones, como paso previo a la presentación del recurso de inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno, en caso de desacuerdo.
El emplazamiento realizado por el Gobierno es el resultado de la vulneración de la prohibición establecida en las leyes estatales de Montes y Suelo de que un monte incendiado pueda recibir un uso distinto al forestal durante un plazo mínimo de treinta años desde el incendio, que en el caso del cerro de San Juan donde se desarrollan las obras del Complejo de Ocio tuvo lugar en el año 1999. La prohibición legal de recalificar montes incendiados es una conquista histórica del movimiento ecologista español, que en una decisión sin precedentes las Cortes de Castilla y León han decidido soslayar para pasar por encima de las 11 resoluciones judiciales que han declarado la ilegalidad del proyecto, a las que ahora se suma la orden de demolición.
Ecologistas en Acción espera que se mantenga la firmeza del Gobierno, defendiendo la normativa medioambiental y urbanística y la propia Constitución, y deplora una vez más la arbitrariedad e ilegalidad de las actuaciones emprendidas por la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Tordesillas, la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios de las Cortes regionales. Asimismo, emplaza a todas estas instituciones a que abandonen los atajos y tretas legales para intentar mantener vivo el proyecto, evitando dilapidar más dinero público en un dislate legalmente imposible.